El Gobierno de España, a través de los organismos pertinentes, parece decidido a dar la espalda al problema de la seguridad vial. La siniestralidad en las carreteras se ha incrementado y con ella las víctimas, rompiéndose la tendencia a la baja de los últimos años con la consecuente alarma social que esta realidad genera. Lejos de plantearse medidas efectivas, los que manejan el dinero y dictan las normas plantean alternativas tan poco convincentes como reducir el presupuesto disponible para la conservación de la red vial y, de paso, amenazar con una disminución de velocidad en las carreteras convencionales de 100 a 90 km/h. Lo primero es una realidad y lo segundo una posibilidad, pero ambos extremos se antojan un auténtico disparate.
No hay que ser ningún experto para concluir que unas carreteras en mal estado incrementan exponencialmente el riesgo de accidente para cualquier vehículo, de forma especial para los más vulnerables, como motos y bicicletas. Pensar que limitando la velocidad se atajará esta lacra social de las víctimas de tráfico es desconocer por completo la realidad de la situación, no tiene sentido alguno que con coches más seguros y vías que también deberían serlo sea necesario circular 10 km/h más despacio para que los conductores reduzcan los riegos. Por esa regla de tres, lo mejor sería que nos recomendaran a todos dejar el coche en casa, así los accidentes serían cosa de la historia…
No es una cuestión para ironizar, desde luego, pero estas opciones que se plantean desde la Administración suenan a auténtica broma. Los especialistas señalan que la conservación y rehabilitación de las carreteras españolas acumula un déficit de más de 6.600 millones de euros, así que alguien debería explicar a los contribuyentes por qué lejos de tener más dinero para su seguridad vial la cifra se contrae. No tiene sentido alguno y supone una irresponsabilidad mayúscula por parte de quien lo propugna. España ha pasado de ser el quinto país con menos muertes por accidente en la Unión Europea a ocupar la novena posición, así que estos recortes presupuestarios rozan lo insultante para los cuidadanos.
De remate, Gregorio Serrano, director general de Tráfico, adelanta que “una reducción de la velocidad es necesaria para disminuir la siniestralidad y el dolor de miles de familias”. Me parece inaudito que el máximo responsable del tráfico en este país se permita simplificar hasta semejante extremo una problemática mucho más extensa y compleja. El riesgo nunca procede de esa la velocidad en términos aislados sino de su uso inadecuado, ir más deprisa de lo que las condiciones generales permiten. Quizá su propuesta, que podría incluirse en la nueva Ley de Tráfico, asuma de antemano que nuestras carreteras van a ser cada día peores y más peligrosas, supuesto en el que sí tendría sentido aceptar que tenemos que circular más despacio que en los años 60…
Menos dinero, menos velocidad. Como digo, sólo queda pedir menos coches, muerto el perro se acabó la rabia. Que todo lo que les ocurra a estos sesudos expertos sean medidas tan incomprensibles resulta altamente desalentador a la vez que preocupante, de ninguna manera se conseguirá con una visión tan corta acabar con miles de tragedias en la carretera.
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