Los radares son uno de los dispositivos que más controversia generan entre los conductores. Mientras algunos consideran que son una herramienta eficaz para controlar los excesos de velocidad, otros creen que su principal finalidad es recaudar dinero mediante multas.
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Además, pocas situaciones resultan tan desagradables para un conductor como descubrir una sanción por exceso de velocidad. Por eso, no es extraño que algunos radares acaben siendo objeto de actos vandálicos y aparezcan pintados, dañados o incluso arrancados de su lugar.
Algo parecido ha sucedido con un radar fijo instalado por la Dirección General de Tráfico en la M-601, a su paso por Collado Villalba (Madrid). Meses después de su puesta en funcionamiento, el dispositivo ha aparecido con daños en las cámaras que utiliza para registrar las infracciones.
La reacción de los usuarios
La publicación también ha dado mucho que hablar en los comentarios. Buena parte de los usuarios celebra lo ocurrido y aprovecha para cargar contra este tipo de dispositivos, que siguen generando bastante rechazo entre algunos conductores.
Entre los mensajes pueden leerse comentarios como “por fin una buena noticia” o “grandes los héroes sin capa ”. Otros aseguran estar cansados de los radares e incluso agradecen a la persona o personas responsables de los daños haber dejado el dispositivo fuera de servicio.
Sin embargo, lo cierto es que estos radares forman parte de los sistemas de control utilizados por la DGT para vigilar el cumplimiento de los límites de velocidad y tratar de reducir la siniestralidad en carretera. Además, su vandalización puede constituir un delito de daños, con posibles consecuencias penales y económicas para los responsables.
Qué ocurre si alguien destroza un radar
Dañar un radar va mucho más allá de una simple gamberrada. La DGT recuerda que la vandalización de estos dispositivos puede constituir un delito de daños recogido en el Código Penal, concretamente en sus artículos 263 a 267, por lo que sus responsables pueden enfrentarse a importantes consecuencias legales.
Según recoge el artículo 263.2, este tipo agravado del delito de daños prevé penas de prisión de entre uno y tres años, además de multas de 12 a 24 meses, cuando concurren determinadas circunstancias que evidencian una mayor voluntad de causar perjuicio.
Entre ellas, que los daños tengan por objetivo “impedir el libre ejercicio de la autoridad o se realicen como consecuencia de las acciones ejecutadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones”. También cuando se cometan contra funcionarios públicos o contra personas que hayan contribuido a la aplicación de las leyes.
De hecho, a comienzos de 2025 el organismo abrió una investigación tras la vandalización de siete radares instalados en diferentes carreteras de España. Entonces, la DGT advirtió que este tipo de actos no solo afectan al patrimonio público, sino también a sistemas destinados al control de la velocidad y a la mejora de la seguridad vial.
Además, los responsables de estos daños deberán responder por el coste económico del dispositivo afectado. Según la propia DGT, cada radar fijo está valorado en unos 67.000 euros, una cuantía que puede ser reclamada a los autores una vez sean identificados.
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