La venta ilegal de coches usados en la vía pública ha aumentado un 20% desde 2007, como consecuencia de la crisis económica, convirtiendo esta práctica en un negocio lucrativo en manos de mafias y de individuos que se hacen pasar por vendedores profesionales. Además, este «mercado negro» de automóviles de coches usados genera anualmente unas pérdidas de 300 millones de euros al sector automovilístico, según señala la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam).
En concreto, de todas las operaciones de compra-venta de coches usados, un 10% corresponde a ventas pirata, lo que supone un volumen anual de unas 95.000 unidades. Estos automóviles se venden, generalmente, en pequeñas reuniones entre particulares o en aparcamientos de centros comerciales.
Ganvam sostiene que esta práctica representa una «clara competencia desleal» para los concesionarios de marca y los compraventas que operan conforme de la ley, puesto que los vendedores «ambulantes» no pagan impuestos ni tienen las autorizaciones preceptivas.
La asociación recuerda, además, que esta venta ilegal supone un fraude a Hacienda, al evadir el pago de gravámenes relacionados con el IVA o el impuesto de sociedades que los concesionarios y compraventas profesionales liquidan conforme a los plazos establecidos.
La patronal de vendedores recuerda que estos coches vendidos de forma ilegal no cuentan con garantía ni documento alguno que acredite su historial. Tampoco existe contrato de compraventa ni consta factura alguna de la operación. Por ello, Ganvam defiende la aprobación de una norma estatal que prohíba expresamente la venta de vehículos en la vía pública, tomando como base las ordenanzas municipales aprobadas en ciudades como Madrid o Barcelona, entre otras, que prohíben expresamente dicha venta fraudulenta, con apertura de expediente sancionador y multa en caso de incumplimiento.
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