La OCU ataca al Gobierno por los descuentos de la gasolina y el diésel con un argumento incontestable

Los descuentos aprobados por el Gobierno no han evitado que llenar el depósito cueste mucho más que hace apenas siete meses. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que, desde el inicio de la guerra de Irán el pasado 28 de febrero, la gasolina se ha encarecido un 30,7% y el diésel un 34,4%, pese a las ayudas fiscales actualmente en vigor.

Según sus datos, el precio medio de la gasolina ha pasado de 1,48 euros por litro a 1,935 euros entre finales de febrero y finales de septiembre. En el caso del diésel, el incremento ha sido aún mayor, al pasar de 1,437 euros a 1,931 euros por litro.

La organización destaca que estas cifras ya incluyen los descuentos aprobados por el Ejecutivo. Actualmente, el gasóleo cuenta con una rebaja aproximada de 24 céntimos por litro, mientras que la gasolina se beneficia de una reducción cercana a seis céntimos.

Sin embargo, el encarecimiento de los combustibles ha obligado al Gobierno a reactivar la cláusula de salvaguarda. Así, el descuento será de 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre.

Aunque la OCU reconoce que estas ayudas han servido para contener parte del impacto sobre los conductores, considera que son insuficientes para afrontar un escenario en el que los carburantes podrían mantenerse durante mucho tiempo en niveles elevados. Por ello, reclama medidas de carácter estructural.

Apoyo al coche eléctrico

La primera propuesta pasa por dirigir las ayudas hacia los hogares más afectados por el aumento de los precios. La organización plantea que se tenga en cuenta tanto la renta familiar como el peso que el gasto en carburante tiene en la economía doméstica, con especial atención a las familias de ingresos bajos y medios.

La OCU también pide reforzar el transporte público para ofrecer una alternativa más económica al vehículo privado y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. A su juicio, una red más eficiente y accesible contribuiría a aliviar el gasto de los ciudadanos y tendría ventajas medioambientales.

Entre sus propuestas figura igualmente fomentar fórmulas de movilidad más eficientes, como compartir coche, agrupar desplazamientos o facilitar una mayor flexibilidad organizativa cuando la actividad laboral lo permita. El objetivo es reducir trayectos innecesarios y, con ello, el consumo de combustible.

Otra de las reclamaciones se centra en el coche eléctrico. La organización considera prioritario acelerar el despliegue de puntos de recarga ultrarrápidos para facilitar la adopción de esta tecnología y reducir la dependencia de la gasolina y el diésel.

Además, solicita una vigilancia estrecha de la evolución de los precios para garantizar la transparencia del mercado. En concreto, reclama que las bajadas de las cotizaciones internacionales lleguen a los surtidores con la misma rapidez con la que se trasladan habitualmente las subidas.

Mientras tanto, la OCU recuerda que los consumidores todavía pueden reducir su factura comparando precios antes de repostar. Según sus cálculos, elegir de forma habitual las gasolineras más baratas puede suponer un ahorro de hasta 300 euros al año.

Para la organización, la actual crisis demuestra que las ayudas temporales son útiles para aliviar el impacto inmediato de las subidas, pero no bastan para resolver un problema de largo plazo. Por ello, reclama combinar el apoyo a los hogares con políticas que impulsen una movilidad más eficiente y sostenible.