Hace 15 años y medio, el conductor M. M. colisionó contra una máquina de asfaltado en la autovía cacereña EX-1 y ahora el caso reaparece para ilustrar –como ejemplo desmesurado– una preocupación constante: millones de coches circulan por España sin el seguro obligatorio. El propietario del vehículo, accidentado una madrugada de octubre de 2005 sin póliza en vigor, tuvo que pagar 44.445,38 euros por los daños ocasionados.
El Consorcio de Compensación de Seguros abonó la indemnización a la empresa propietaria de la máquina, pero después denunció a M. M. y este fue condenado por un juzgado de Cáceres a resarcir los gastos, según recogió El Periódico de Extremadura en octubre de 2009, fecha de la sentencia.
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Esta reflejaba que “el vehículo causante del accidente […] circulaba por un tramo no habilitado al efecto por encontrarse en obras, y sin tener contratado el seguro”, y así ocurre ahora con 2,65 millones de vehículos. La cifra representa el 7,7% del parque automovilístico, según el estudio de la Fundación Línea Directa que recoge datos de 2019.
Ocurre particularmente en zonas de vacaciones –más que en ningún sitio en Canarias, Baleares y Cataluña– territorios turísticos con numerosas segundas viviendas y (se da por hecho) segundos vehículos de uso esporádico. El informe los llama coches zombis e incluye en esta consideración a aquellos que han sido dados de baja temporal (y quizá circulen), a los abandonados en la calle (que tal vez ocasionen, por ejemplo, un incendio fortuito) y a los que sencillamente siguen en marcha sin que sus propietarios los hayan asegurado.
La ley del seguro obliga a suscribir y mantener un seguro de responsabilidad civil, y contravenir la norma no sale barato. Cada año se imponen unas 130.000 multas por este motivo, tres veces más de las que se tramitan por positivos de alcoholemia, y las sanciones van de 601 a 3.005 euros, cuantías que dependen del “daño, de si se circula o no, el tiempo sin asegurar y la reiteración”, recuerda el estudio. Y a esto pueden añadirse el castigo por no haber pasado la ITV (hasta 500€), el coste de la grúa y el pago diario por el depósito del vehículo, según los casos.
El peligro principal es el daño ajeno que puede causarse. El 50% de los conductores sancionados en 2019 estaban circulando cuando fueron multados, y por tanto con posibilidades de sufrir o causar un siniestro, como el que sucedió en 2020 en la A-49 en Huelva, con persecución policial y choque posterior, otra aparatosa muestra del riesgo de circular sin seguro.
Aunque no siempre resultan espectaculares, los accidentes con coches sin seguro suceden a menudo. Fueron en torno a 308.000 en una década (2010-2019), en general con peores consecuencias que las del resto de siniestros. Quienes los causan deben hacer frente al coste de todos los daños, y si el conductor y el propietario no son la misma persona, la indemnización “deben pagarla ambos solidariamente”, recuerda Mar Garre, directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora. El problema es creciente: las cantidades reclamadas a los propietarios de coches sin seguro se incrementaron casi un 10% en 2019.
Desde la perspectiva contraria, si se es víctima de un coche sin póliza el asunto por lo común se enturbia, ya que las posibilidades de sufrir lesiones se multiplican por 2,4 y el tiempo de resolución de los siniestros aumenta un 12%. Y el coste medio de daños a terceras personas se duplica, para perjuicio de todos: en 2019, el Consorcio de Compensación de Seguros –cuyos fondos provienen del Estado– tuvo que desembolsar 49,1 millones de euros en indemnizaciones por esta causa.
De turismos a tractores
- Desconocimiento. “Aunque parezca mentira –se sorprenden los autores del estudio– muchos conductores desconocen la obligación de asegurar su vehículo si no circula”.
- No se tramitan las bajas. Los conductores incumplen en muchos casos la obligación de dar de baja definitiva un vehículo en la DGT cuando quieren desprenderse de él.
- Parque envejecido. La edad media de los vehículos en España sigue creciendo (12,3 años), con lo que aumentan las posibilidades de que sus propietarios dejen de renovar las pólizas.
- Entorno económico desfavorable. Los periodos de decrecimiento y las subidas del desempleo favorecen el incumplimiento de la ley del seguro.
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