La Dirección General de Tráfico (DGT) ha desmentido en multitud de ocasiones el bulo sobre los incentivos económicos a los agentes de la Guardia Civil por sancionar a los conductores. Una leyenda urbana sin fundamento, empezando por el legal, que sin embargo se refiere a una estrategia que sí se utiliza en otros países.
Es el caso de Nueva Zelanda, donde el Gobierno acaba de aprobar una partida de 1.355 millones de dólares neozelandeses (746 millones de euros al cambio actual) durante tres años para perseguir las infracciones de velocidad y el consumo de alcohol o drogas.
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Según Simeon Brown, ministro de transporte del país, esta inversión supone “un avance importante en la vigilancia de las carreteras y refuerza el compromiso del gobierno para garantizar una aplicación estricta de la ley”.
“El alcohol y las drogas son el principal factor presente en los accidentes de tráfico mortales en Nueva Zelanda. Entre 2019 y 2022, los accidentes en los que estaban implicados conductores drogados se cobraron la vida de una media de 105 personas al año y representaron alrededor del 30% de todas las muertes en carretera», detalla Brown.
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Más pruebas de alcoholemia
El político neozelandés, en declaraciones recogidas por ‘1 News’, también se mostró preocupado por lo que considera una baja productividad de los agentes en la carretera. El objetivo marcado desde su ministerio a la policía apunta a tres millones de pruebas de alcohol y drogas al año, una cifra que tan solo se ha alcanzado en dos ejercicios de la última década, con algunos de ellos en la mitad de ellos.
Para Brown, “el mayor número de pruebas tiene un efecto disuasorio claro entre los conductores, hace de las carreteras mucho más seguras”. Y por este motivo, ha decidido destinar 72 millones de dólares (41 millones de euros) durante los próximos tres años a pago de incentivos a los agentes de tráfico.
Para acceder a estas comisiones por productividad, los agentes deberán cumplir tanto con el número de pruebas exigido (tres millones anuales) y también se tendrán en cuenta las infracciones detectadas, es decir, las multas. En este aspecto sancionador, se solicita a la policía una mayor presión en el uso de los cinturones y las sillitas infantiles, las distracciones al volante, el manejo del teléfono móvil y el estado de los vehículos comerciales.
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