La Guardia Civil ha intensificado en las carreteras españolas los controles aleatorios destinados a verificar el tipo de combustible que están utilizando los conductores. Esta medida responde al incremento detectado en el uso fraudulento de gasóleo agrícola, un carburante subvencionado cuyo precio es significativamente inferior al del diésel convencional.
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La diferencia, que puede alcanzar hasta 30 céntimos por litro, ha motivado que algunos conductores no autorizados a utilizarlo en sus vehículos particulares lo conviertan en su gasoil de uso diario. Durante estos controles, los agentes de la Guardia Civil pueden solicitar a los conductores la apertura del depósito de combustible. En algunos casos, proceden a la extracción de una muestra para su análisis.

Combustible agrícola
Esta potestad se ampara en la Ley de Seguridad Ciudadana y en la normativa fiscal, ya que el uso indebido de combustible agrícola (o marítimo en algunos casos) constituye una infracción de carácter fiscal, no de tráfico, por lo que no acarrea puntos en el carnet de conducir en caso de ser sancionado. La ley faculta a los agentes a llevar a cabo las inspecciones necesarias para prevenir y detectar este tipo de fraude.
La identificación del gasóleo agrícola se facilita por su coloración rojiza, un tinte que las gasolineras suelen añadir para distinguirlo. Este color puede permanecer en el depósito y los conductos del vehículo incluso después de repostar con diésel convencional. En los casos en que el tinte no sea evidente, las autoridades pueden recurrir a análisis de laboratorio para detectar trazas químicas específicas del gasóleo bonificado.
Hasta 6.000 euros de multa
Los conductores que sean sorprendidos utilizando combustible agrícola sin la autorización correspondiente se enfrentan a sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los 6.000 euros, dependiendo del volumen de fraude detectado.
Asimismo, las gasolineras que permitan el repostaje de este tipo de combustible a vehículos no autorizados también podrían ser consideradas responsables. Estas inspecciones buscan garantizar el correcto uso de las subvenciones destinadas al sector agrícola y evitar prácticas desleales que perjudican al erario público y a los consumidores.
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