Transformadas en valor estadístico, en números fríos, las 1.746 muertes causadas por un siniestro vial en España en 2022, último año con datos consolidados, costaron 3.492 millones de euros. Es la estimación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha presentado un estudio que calcula el valor de prevenir un fallecimiento y una lesión no mortal en siniestros de tráfico.
“El gasto en medidas de seguridad vial efectivas es una inversión con un elevado nivel de retorno social y económico”, afirma el director del observatorio, Álvaro Gómez.
El informe, realizado por la Universidad de Murcia y la empresa Sigma Dos, concluye que el valor por evitar o prevenir un fallecimiento en un siniestro de tráfico es de dos millones de euros.
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Los autores desglosan esa cifra en dos: por un lado, el valor estimado de una vida estadística es de 1,9 millones de euros, cifra a la que se han añadido los costes de la producción neta perdida a consecuencia de la mortalidad prematura, así como los costes médicos y de los servicios de emergencia.
Este cálculo estadístico es un 46% superior al obtenido en 2011 (1,3 millones), año en el que se realizó el último estudio. El incremento supera con creces el aumento del PIB per cápita nominal experimentado en España, que se queda en un 24,5%.
Y esto sugiere, en opinión de los autores del estudio, que las preferencias declaradas por la población española “pueden estar reflejando una mayor preocupación por la siniestralidad vial”.
El coste de un herido grave en accidente
Una víctima de un siniestro vial con lesiones graves, según el informe, se traduce en un valor monetario de 385.480 euros, mientras que los afectados con lesiones leves suponen un coste de 8.506 euros cada una, incluidos los costes médicos y de ambulancia, así como las pérdidas de producción.
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“Este tipo de estudios ayudan a conocer el coste social medio de los siniestros de tráfico, así como a valorar las políticas y medidas de seguridad vial a implantar mediante el análisis coste-beneficio”, recalca Gómez. Esta evaluación, añade, “es indispensable para realizar una eficiente asignación de los recursos públicos”.
Tráfico explica en una nota que el enfoque utilizado en el estudio es el de la “disposición a pagar”, es decir, la máxima cantidad de dinero que la sociedad está dispuesta a pagar por viajar de manera más segura, con el fin de evitar una muerte, un herido grave o un herido leve en un siniestro de tráfico.
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