Enfrentarse a un control de la policía en carretera no es un plato de buen gusto para nadie. No obstante, estas campañas de vigilancia cumplen con una labor que va más allá de sancionar las infracciones de tráfico.
Algunos de los puestos de control que se ven en las carreteras no buscan conductores infractores ni están ahí para realizar pruebas de alcoholemia. Existen controles específicos que se organizan para buscar sujetos concretos o presuntos delincuentes con el fin de practicar la correspondiente detención.
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Aunque es un mensaje que tanto la Guardia Civil como otros agentes repiten de manera habitual, todavía hay muchos conductores que avisan de los controles policiales en carretera. La gran mayoría creen que estos operativos están solo relacionados con infracciones o delitos de tráfico (no por ello, menos importantes), sin darse cuenta que pueden estar interrumpiendo una operación más delicada.
La Asociación PRO Guardia Civil ha mostrado en Twitter lo que sucede si se avisa de los controles policiales. En el vídeo publicado, muestran como una persona buscada por los agentes consigue eludir un control, provocando una persecución posterior. El resultado son varios coches siniestrados y heridos.
Además del riesgo de provocar una persecución policial por carretera, avisar de un control de la Guardia Civil puede ayudar a que una persona en búsqueda y captura escape de las autoridades. En el caso de este vídeo, el sujeto que trata de huir era el presunto autor de un homicidio.
Multas por avisar de un control
Más allá de estas consecuencias, avisar de un control policial también puede conllevar el pago de una multa. El gesto de usar las luces largas, haciendo ráfagas, para alertar a otros conductores puede costar 100 euros por usarlas incorrectamente y 200 euros por deslumbrar a otros conductores.
Aunque no está explícitamente prohibido avisar de la presencia de un control policial, sí que hay supuestos que son sancionables. Si se demuestra ante un juzgado, según la ley Orgánica 4/2015, conocida como ley mordaza, interferir en el éxito de operaciones de los agentes de seguridad es una infracción grave, sancionada con entre 601 y 30.000 euros de multa.
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