Los agentes de la autoridad están obligados a denunciar una infracción siempre que la vigilancia del tráfico esté entre sus competencias. Cualquier persona tiene, también, la posibilidad de hacerlo… aunque al protagonista de esta historia sus intenciones le jugaron una mala pasada.
El denunciante es un ciclista habitual que suele llevar una cámara en el casco mientras se mueve en bicicleta. Recopiló las imágenes y las llevó a la policía: en ellas se veía a varios conductores usando sus teléfonos y estacionando ilegalmente.
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Presentó su queja ante la comisión del Defensor del Pueblo de la Garda Síochána (GSOC), que es la Policía Nacional de Irlanda. Este organismo independiente se encarga de supervisar a la citada institución y también elabora un informe anual sobre las denuncias recibidas: en 2023 fueron 1.577, un 14% menos que en 2022.
Una de estas quejas llegó de la mano de un ciclista, que había reportado numerosas infracciones de tráfico en las que los conductores usaban sus teléfonos al volante y aparcaban ilegalmente.
Las pruebas se vuelven en su contra
Para fundamentar su denuncia, llevó a cabo una declaración ante la policía y aportó el vídeo de uno de esos incidentes. Como no fue tomado en consideración, se quejó ante el Defensor del Pueblo… y todo se volvió en su contra.
Las autoridades le informaron que las imágenes facilitadas por él mismo le mostraban saltándose un semáforo en rojo. Una infracción que se transformó en una multa: el castigo puede ser de hasta 120 euros más la pérdida de dos puntos en el carnet. En los casos más graves, la detracción puede ser de cinco puntos, mientras que la cuantía económica dependerá de la sentencia.
¿Y los demás conductores?
El denunciante quiso saber si los demás conductores que aparecen cometiendo infracciones de tráfico en el mismo vídeo serían sancionados y para ello, presentó una solicitud por escrito. No recibió respuesta alguna y se abrió una investigación disciplinaria.
La resolución de este proceso determinó que se habían infringido las normas disciplinarias por no responder a la solicitud del denunciante sin motivo alguno. Aplicaron, por lo tanto, una sanción para el agente que fue apelada y, finalmente, anulada por la Garda Síochána que la consideró desproporcionada.
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