Diversos medios de Estados Unidos se han hecho eco de un caso que parece difícil de creer. Un conductor decidió detenerse para ayudar a los heridos de un grave accidente, pero aquel gesto acabó convirtiéndose en el inicio de una auténtica pesadilla.
Lo que comenzó como un acto de solidaridad terminó con una detención, una acusación que acabaría desmontándose por completo y un acuerdo económico que ha vuelto a situar esta historia en el centro de la actualidad.
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Un viaje familiar que terminó de la forma más inesperada
Según han publicado medios estadounidenses como CBS Colorado y Carscoops, el protagonista es Jesse Cunningham, un residente de Nebraska con formación médica y experiencia como expolicía militar.
En julio de 2021 viajaba con su esposa y sus dos hijas por Fort Collins, en el estado de Colorado, cuando presenció un grave accidente de motocicleta. Al comprobar la gravedad de la situación, salió de su vehículo para prestar los primeros auxilios hasta la llegada de los servicios de emergencia.
Su intervención, según ha explicado posteriormente, permitió estabilizar a uno de los motoristas. Sin embargo, cuando la escena ya estaba controlada, la atención de uno de los agentes desplazados cambió completamente de dirección.
La prueba que pidió varias veces nunca llegó a realizarse
Durante la intervención, el policía aseguró haber percibido olor a alcohol y comenzó una investigación por un posible delito de conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.
Las cámaras corporales muestran cómo Cunningham solicitó en varias ocasiones someterse a un alcoholímetro convencido de que el resultado demostraría inmediatamente que no había consumido alcohol.
Incluso preguntó expresamente si sería detenido aunque la prueba diera negativo. A pesar de ello, el agente decidió no practicar ese test y continuó con las pruebas de sobriedad realizadas en la carretera.
El motivo alegado por el agente generó controversia
Según el informe policial, el agente explicó que Cunningham disponía de una receta médica de Adderall, un medicamento utilizado para tratar el trastorno por déficit de atención.
El conductor respondió que no había llevado esa medicación durante sus vacaciones y que llevaba tiempo sin consumirla. Pese a esa explicación, fue arrestado y trasladado para someterse a un análisis de sangre.
La situación se complicó todavía más porque sus dos hijas menores viajaban en el coche. Por ese motivo también fue acusado de poner presuntamente en peligro a menores, una circunstancia que amplió notablemente el procedimiento.
Tres meses después llegaron los resultados
El análisis fue realizado por Colorado Bureau of Investigation, cuyos laboratorios tardaron aproximadamente tres meses en completar el estudio.
Cuando los resultados estuvieron disponibles, comprobaron que no existía rastro de alcohol, drogas ni ninguna sustancia que pudiera justificar la acusación presentada durante aquella intervención.
Tras conocer esos informes, la Fiscalía decidió retirar todos los cargos al no existir pruebas que acreditaran que Cunningham hubiera conducido bajo los efectos de sustancias.
La investigación siguió afectando a toda la familia
Aunque el procedimiento penal terminó archivado, las consecuencias continuaron durante meses. Cunningham aseguró que perdió una oportunidad de ascenso profesional debido al proceso abierto.
Además, la acusación relacionada con sus hijas provocó la intervención de los servicios de protección infantil de Nebraska, que visitaron su domicilio, entrevistaron a las menores y contactaron con el pediatra familiar.
El afectado también tuvo que someterse a controles periódicos mientras el caso permanecía abierto. Una experiencia que, según explicó posteriormente, modificó profundamente su confianza en las fuerzas de seguridad.
Cinco años después llegó el acuerdo económico
Tras presentar una demanda federal por vulneración de derechos civiles, el caso terminó resolviéndose mediante un acuerdo de 500.000 dólares entre Cunningham y la ciudad de Fort Collins.
El Ayuntamiento aceptó el pago para evitar la celebración del juicio. Aunque dejó claro que no reconocía responsabilidad ni admitía actuación incorrecta por parte de sus agentes.
El jefe de Policía explicó públicamente que continuar con el litigio habría supuesto un importante coste económico y un largo procedimiento judicial para la administración municipal.
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Nació en Madrid y desde pequeña soñaba con conducir. Estudió Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos y amplió su formación en Barcelona con un máster en Periodismo Deportivo en la Universitat Pompeu Fabra. Especializada en motor y también en competición, combina la redacción con la radio y la cobertura de grandes premios de motociclismo.