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La vigilancia municipal de los excesos de los usuarios de patinetes eléctricos ha entrado en una nueva fase. Ya no se trata solo de supervisar la circulación de los vehículos de movilidad personal (VMP), sino de comprobar si cumplen todos los requisitos legales: registro en la Dirección General de Tráfico (DGT), contar con seguro obligatorio y respetar los requisitos técnicos que marca la normativa.
Cuando alguna de esas piezas falla, la consecuencia es cada vez más habitual: sanción, e inmovilización o retirada del patinete.
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La mayor operación de vigilancia de patinetes eléctricos, en marcha: 10 ayuntamientos coordinan el control de los VMP La activación del Registro de Vehículos Personales Ligeros obliga a los usuarios, desde finales de enero, a identificar su patinete mediante una etiqueta oficial vinculada a la DGT. Ese paso, imprescindible para contratar el seguro obligatorio, ha cerrado uno de los grandes huecos legales que existían hasta ahora. Y con ese marco ya definido, muchas policías locales han empezado a actuar con más contundencia.
Identificar al patinete
El nuevo escenario combina dos controles distintos. Por un lado, el administrativo: comprobar que el patinete está inscrito, identificado y asegurado. Por otro, el técnico: verificar que el VMP no supera los 25 km/h máximos permitidos.
Para esta segunda tarea, cada vez más policías locales utilizan dinamómetros portátiles, dispositivos con rodillos similares a los de una ITV. La prueba se realiza en la calle, en presencia del usuario, y registra la velocidad máxima que puede alcanzar el patinete.
El dato queda documentado y sirve como base para la sanción. En la práctica, estos controles están sacando de las calles muchos patinetes que, registrados o no, no deberían circular.
Registrado, pero ilegal
Los agentes municipales explican que el hecho de estar inscrito en la DGT no blanquea un patinete trucado. Durante los controles aparecen vehículos con baterías añadidas, limitadores anulados o motores modificados capaces de superar ampliamente el límite legal.
Cuando el dinamómetro detecta velocidades de 35, 50 o más kilómetros por hora, el patinete deja de encajar en la categoría de vehículo personal ligero. En ese momento, no cumple la normativa, aunque tenga matrícula, y se retira de la circulación.
A esto se suman otros incumplimientos frecuentes: ausencia de seguro, falta de luces reglamentarias, certificado de circulación inexistente o documentación incompleta.
Multas más claras y más difíciles de esquivar
Con el registro activo, la ley del seguro de vehículos obliga a contratar una póliza de responsabilidad social y prevé sanciones económicas que pueden oscilar entre los 200 y los 1.000 euros, en función de las infracción, además de la inmovilización del vehículo.
Algunos ayuntamientos reconocen que la combinación de identificación obligatoria y control técnico ha disparado el número de expedientes. En determinadas campañas se tramitan decenas de denuncias diarias, especialmente por exceso de velocidad y por incumplir las obligaciones administrativas.
El efecto colateral: almacenes municipales al límite
La retirada sistemática de patinetes está generando un problema inesperado. Los depósitos municipales de varias ciudades empiezan a saturarse con cientos de vehículos incautados, muchos de los cuales no llegan a reclamarse.
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Prohibido patinetes: empieza el veto en algunas ciudades gracias a una nueva señal de la DGT En algunos casos, el propietario renuncia a recuperarlo por el coste de la sanción; en otros, porque el patinete es antiguo, no tiene certificado y quedará fuera de la circulación legal en 2027. El resultado son espacios repletos de VMP que difícilmente volverán a la calle.
Los consistorios justifican este endurecimiento en la presión vecinal. Las quejas por patinetes a gran velocidad en zonas compartidas, los accidentes y la percepción de impunidad han empujado a una estrategia más directa: si el patinete no cumple, se retira.
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