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Los examinadores de tráfico desplazados a Guadix (Granada) han denunciado ante la Guardia Civil agresiones verbales, amenazas y episodios de acoso sufridos durante las pruebas para obtener el permiso de conducir. Así lo ha comunicado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que alerta de una escalada de tensión ligada al descontento de algunos aspirantes con los resultados de los exámenes.
Según el sindicato, los profesionales del centro desplazado de exámenes de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Guadix llevan días soportando situaciones de presión que alcanzaron su punto más grave el pasado 28 de abril, durante una jornada de exámenes teóricos. En esa fecha, se produjeron agresiones verbales y amenazas que motivaron la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.
Pere Navarro, sobre la baliza V-16: “Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás” El detonante fue la detección de intentos de fraude en las pruebas para el carné. De acuerdo con CSIF, dos individuos trataron de obtener el permiso mediante dispositivos de grabación y cámaras ocultas, que fueron intervenidos por la policía. Además, se registró un intento de suplantación de identidad por parte de un tercer aspirante.
Tras la actuación policial, los examinadores comenzaron a sufrir insultos, presiones y amenazas por parte de familiares de los implicados y, “lo que es más grave”, por algún profesional del sector, que habría intentado amedrentar a los funcionarios con una actitud “desmedida”.
Riesgo para la seguridad vial
Los trabajadores han subrayado que estos comportamientos no representan al conjunto de las autoescuelas de la comarca, muchas de las cuales colaboran con normalidad y respeto con la Administración. “Estos sucesos empañan la labor del resto de autoescuelas que trabajan desde la legalidad”, han señalado los examinadores, que consideran la situación insostenible si no se adoptan medidas.
Más allá del impacto directo sobre los funcionarios, los examinadores advierten de que este tipo de conductas ponen en riesgo la seguridad vial, al tratar de facilitar el acceso al carné a personas que no cuentan con los conocimientos ni las aptitudes necesarios para conducir.
En este sentido, recuerdan que el examen es una barrera de seguridad, no un trámite administrativo, y que cualquier intento de vulnerarlo tiene consecuencias potenciales en la siniestralidad.
Ante lo ocurrido, el colectivo ha solicitado el amparo de la Jefatura Provincial de Tráfico, reclamando un refuerzo de la seguridad en las jornadas de examen en Guadix y una actuación “firme” contra aquellas autoescuelas o intermediarios que amparen o protagonizan incidentes, ya reflejados en los informes de la Guardia Civil, según el sindicato.
Listas de espera
El episodio se produce en un contexto de malestar creciente por las esperas para examinarse del permiso de conducir, un problema recurrente en buena parte del país. Las colas y los retrasos para acceder a las pruebas prácticas y teóricas (derivados, entre otros factores, de la escasez de examinadores, las jubilaciones no cubiertas y el aumento de la demanda) llevan años generando quejas tanto de alumnos como de autoescuelas.
En algunos territorios, los plazos para realizar el examen práctico se cuentan en semanas o meses, lo que eleva la presión sobre los aspirantes y, de forma indirecta, sobre los funcionarios encargados de evaluarles.
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La conducción acompañada de la DGT: carnet desde los 17 años y pruebas de alcoholemia para el copiloto Los examinadores recuerdan, no obstante, que las listas de espera no justifican ningún tipo de coacción. “Entendemos la frustración de quienes esperan, pero no se puede tolerar la violencia ni el acoso contra empleados públicos que cumplen con su función”, señalan fuentes sindicales.
El CSIF insiste en que mejorar los recursos humanos de la DGT y planificar con mayor antelación los refuerzos en épocas de alta demanda ayudaría a rebajar la tensión, pero subraya que la prioridad inmediata pasa por garantizar la seguridad física y jurídica de los examinadores.
Mientras Tráfico estudia las medidas a adoptar, los profesionales afectados reclaman que los exámenes se desarrollen en un entorno seguro y respetuoso, en el que la legalidad sea la única vía para acceder a un permiso que, recuerdan, autoriza a circular por la vía pública y conlleva una responsabilidad directa sobre la vida propia y la de los demás.
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