¿Se reducirán los límites de velocidad en carretera?

Reducir el límite de velocidad genérico entre 10 y 20 km/h en 6.800 kilómetros de carreteras españolas. El mal estado de conservación de la red viaria, con un deterioro relevante en uno de cada trece kilómetros, ha llevado a la Asociación Española de la Carretera (AEC) a plantear esta posibilidad tras hacer públicos los resultados de su último informe sobre ‘Necesidades de Inversión en Conservación’ que incluye tanto a las carreteras dependientes del Estado como a las gestionadas por las comunidades autónomas y diputaciones forales.

Y es que los datos que arroja el estudio son preocupantes a causa de los ajustes presupuestarios acometidos desde 2009 y que han afectado de forma evidente al estado de las carreteras del país. Para revertir la situación sería necesaria una inversión de 7.054 millones de euros, 2.211 destinados a la red del Estado y los 4.843 restantes a la que administran los Gobiernos autonómicos y forales.

La calificación para las condiciones del pavimento en España es deficiente, a escasas décimas del muy deficiente. Las carreteras con titularidad del Ministerio de Fomento bajaron su nota media un 10% respecto al último informe de 2015, mientras que el resto empeoraron un 5,7% en relación a la anterior auditoria.

Las mayores carencias se aprecian en las condiciones del asfalto, que requerían el 93% del esfuerzo presupuestario con 6.574 millones de euros. El resto de la inversión correspondería a la renovación de 370.000 señales de tráfico, repintar las marcas viales de 30.000 kilómetros de carreteras, reparar barreras de seguridad y corregir defectos de elementos de balizamiento e iluminación.

Las barreras de protección también requieren una actuación urgente. / AEC

En sólo dos años, el déficit en inversión se ha incrementado un 7%, correspondiente el mayor de todos a Castilla y León para alcanzar los 1.179 millones de euros. Para corregir la tendencia, desde AEC propugnan un aumento de 300 millones de euros durante un periodo de ocho años en las partidas correspondientes de los Presupuestos Generales del Estado, pasando de los 900 millones actuales hasta los 1.200. Una cantidad a la que habría que incrementar otros 600 millones por ejercicio para la red gestionada por las comunidades autónomas y diputaciones forales.

Para la Asociación Española de la Carretera, reducir la velocidad entre 10 y 20 km/h sería imprescindible para garantizar la seguridad vial siempre que no se opte por una actuación urgente sobre las infraestructuras, resolviendo la actual falta de conservación de las mismas. Una medida que también influiría en la corrección de otro de los efectos más graves de estas carencias: el sobrecoste en consumo de combustible (y las consecuentes emisiones) que supone la circulación sobre un pavimento en mal estado y que se calcula en tres millones de toneladas de CO2 al año.