Prestar el coche a un amigo o familiar parece un gesto cotidiano que apenas requiere pensarlo. Se entregan las llaves y, normalmente, la mayor preocupación es que el automóvil regrese en las mismas condiciones en las que salió.
Sin embargo, existe otra cuestión que conviene tener presente antes de hacerlo. Un reciente caso ocurrido en Suecia muestra hasta dónde puede llegar la responsabilidad del propietario cuando quien recibe el automóvil no está autorizado para conducir.
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La policía descubre que circulaba sin carnet
Todo comenzó el pasado 25 de julio en la carretera nacional 21, a su paso por el municipio sueco de Hässleholm. La policía detuvo un turismo y, al realizar las correspondientes comprobaciones, descubrió que la persona que iba al volante carecía del permiso necesario.
La actuación de los agentes no terminó con quien conducía. La investigación llegó también hasta el dueño del automóvil, un hombre de mediana edad que había permitido que la otra persona utilizara su vehículo.
La Fiscalía decidió llevarlo ante el Tribunal de Distrito de Hässleholm acusado de ‘tillåtande av olovlig körning‘, una figura que sanciona permitir una conducción sin autorización. Según la acusación, habría actuado intencionadamente o con negligencia al ceder el turismo.
El hombre, por el momento, ni admite ni niega el delito que se le atribuye. Tampoco consta todavía una sentencia firme que determine su responsabilidad, por lo que las consecuencias planteadas en el procedimiento aún no pueden darse por definitivas.
El propietario también tiene responsabilidad
La clave está en la Ley sueca sobre determinados delitos de tráfico. La norma contempla sanciones para quien permita, de forma intencionada o negligente, que una persona utilice un vehículo sin contar con la habilitación necesaria.
Por tanto, no es imprescindible saber con certeza que el otro carece de carnet para que pueda existir responsabilidad. La negligencia también entra en juego si las circunstancias indican que quien cedió el automóvil debería haberse asegurado previamente de que podía utilizarlo legalmente.
Hay, eso sí, un matiz importante. La legislación no establece de manera general que antes de cada préstamo haya que exigir físicamente el permiso de conducir. Lo relevante es si se ha actuado con la suficiente diligencia antes de dejar que otra persona se ponga al volante.
Tampoco es comparable prestar voluntariamente un automóvil con que alguien se lo lleve sin consentimiento. En este último supuesto falta precisamente uno de los elementos esenciales: que su propietario haya autorizado la utilización.
Puede quedarse sin permiso de conducir
Es aquí donde aparece la consecuencia más sorprendente. El problema para el propietario puede ir bastante más allá del proceso judicial, porque la normativa sueca permite que este comportamiento termine afectando también a su propio permiso de conducir.
Transportstyrelsen, la autoridad de transportes del país, incluye expresamente permitir una conducción sin autorización entre los delitos graves que pueden motivar la retirada del permiso. Es decir, para enfrentarse a esta medida no es necesario haber sido quien circulaba cuando intervino la policía.
La pérdida del carnet, no obstante, no se produce de manera automática. El organismo estudia las circunstancias de cada expediente y determina posteriormente qué medida corresponde aplicar a su titular.
El margen es considerable: la retirada puede extenderse desde un mes hasta tres años. Transportstyrelsen explica que en esta categoría son habituales periodos cercanos a los 12 meses, aunque dependiendo de las circunstancias también existe la posibilidad de imponer una advertencia.
Y además se enfrenta a una multa
A esa posible consecuencia administrativa se suma la petición formulada por la Fiscalía en el procedimiento de Hässleholm. Para el propietario reclama 30 multas diarias de 50 coronas, que alcanzarían un total de 1.500 coronas suecas, alrededor de 140 euros.
Suecia utiliza para numerosos delitos el sistema conocido como ‘dagsböter’. En lugar de fijar simplemente una cantidad idéntica para todos, se establece primero un número de cuotas y posteriormente se calcula el valor económico de cada una.
El número está relacionado con la gravedad del delito, mientras que la cuantía tiene en cuenta la situación económica del sancionado. Según explica la Fiscalía sueca, cuando se juzga un único delito pueden imponerse entre 30 y 150 cuotas.
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Nació en Madrid y desde pequeña soñaba con conducir. Estudió Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos y amplió su formación en Barcelona con un máster en Periodismo Deportivo en la Universitat Pompeu Fabra. Especializada en motor y también en competición, combina la redacción con la radio y la cobertura de grandes premios de motociclismo.