Tarragona se ‘rebela’ con su zona de bajas emisiones: la lenta e irregular implantación de las ZBE en España

Todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes (un total de 151) deberían tener en funcionamiento una zona de bajas emisiones (ZBE) desde enero de 2023, según exige la ley de cambio climático, pero la mayoría de ellos no han hecho caso a la obligación.

La implantación de las ZBE ha sido lenta desde el principio y más de tres cuartas partes de los ayuntamientos siguen sin cumplir la ley.

Tarragona es una de las que contravendrá la norma en la creación de áreas restringidas; según ha adelantado El Periódico, el Ayuntamiento se plantea poner en marcha su ZBE sin impedir el paso a los vehículos con etiqueta B, tal y como exige un decreto aprobado por el anterior Gobierno de la Generalitat de Cataluña, presidido por Pere Aragonès.

El Consistorio argumenta que seguirá la normativa estatal, mucho más vaga en sus indicaciones. El decreto aprobado en 2022 por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible establece que estas zonas deben ocupar “un área significativa y suficiente” para “reducir la contaminación del aire, el ruido y los gases que causan el cambio climático en las ciudades”.

Esta exigencia genérica está acompañada de otra también inconcreta: el texto dice que “se priorizará el acceso de los vehículos cero emisiones”, pero no impone restricciones por abajo, lo que ha servido para que ayuntamientos como los de Gijón o Valladolid hayan dado marcha atrás en las restricciones al tráfico.

Entre tanto, algunos automovilistas han notado los efectos de las ZBE que sí están en vigor. Un 23% de los conductores afectados por las zonas de bajas emisiones (ZBE) ha tenido que cambiar su coche, y un 13% lo está valorando, según una encuesta realizada por la organización de consumidores OCU.

ZBE: coches nuevos y quejas por el plan Moves III

Ante estos datos, la organización expresa sus quejas por los “extraordinarios retrasos” de un año en la tramitación de las ayudas del plan Moves III. Según la OCU, “al plazo de seis meses para la aprobación autonómica de la ayuda para coches eléctricos, hay que sumar luego el tiempo que lleva presentar la documentación requerida y el que finalmente se tarda en conceder el importe solicitado”.

Este retraso en las ayudas, cuya cuantía puede ascender a 7.000 euros si se entrega a cambio un vehículo para achatarrar, “está desincentivando la compra de coches menos contaminantes”.

La organización de consumidores insta al Gobierno a agilizar la concesión de las ayudas, para que se otorguen en el mismo momento de la compra del vehículo, tal y como se contemplaba en el anterior Plan Pive, “más sencillo y efectivo”. Como alternativa, la entidad propone “descontar el importe de la ayuda […] del coste del IVA”.

La evolución de las ZBE

La implantación de las ZBE afecta a los 25 millones de ciudadanos que viven en las ciudades con más de 50.000 habitantes, pues estas áreas restringen la circulación en función de la etiqueta de la Dirección General de Tráfico (DGT) o, en algunos casos, impiden el paso a los no residentes en esa zona. La implantación es muy desigual, y así la resume la OCU:

• Hay 28 municipios donde ya están vigentes.
• Otras localidades ya tienen aprobada la norma para implantar la ZBE, pero aún no está en vigor: lo estará en los próximos meses o el año que viene.
• La mayoría de los municipios todavía están trabajando en la tramitación o no han empezado el proceso.

Otras 400 localidades que superan los 20.000 habitantes deben diseñar protocolos anticontaminación para momentos en que se superen los límites de emisiones.

Las ZBE activas

Más de nueve millones de españoles viven en ciudades con una ZBE, y otros 16 millones tendrán cerca una de ellas a corto o medio plazo, pero a la mayoría no les atañe el asunto. La encuesta de la organización detecta que solo tres de cada 10 personas se sienten afectadas por las restricciones. Cuando se trata de municipios donde sí hay una ZBE activa, el porcentaje de afectados sube a cuatro de cada 10 (43%).

De estos, la mitad se ha visto obligada a cambiar sus hábitos de movilidad, ya sea utilizando más transporte público o modificando sus rutas. Además, casi una cuarta parte (23%) ha cambiado de coche y un 13% lo está considerando.