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El 40% de las infracciones de tráfico que se cometen en otro país quedan sin sancionar. Esta situación hace que algunos conductores circulen por las carreteras extranjeras con una sensación de cierta impunidad, sabiendo que pese a infringir las normas, probablemente, no acaben pagando la correspondiente multa de tráfico.
La Unión Europea, ante esta situación, ha dicho basta. El Parlamento acaba de aprobar nuevas medidas para frenar la impunidad en la comisión de infracciones de tráfico en el extranjero y facilitar la reclamación del pago de las sanciones intracomunitarias.
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Las “extrañas multas” de la DGT sobre las que advierten los británicos La reforma a la que el Parlamento ha dado luz verde, con 570 votos a favor, 36 votos en contra y 24 abstenciones, favorece la cooperación y el intercambio internacional de información entre países en materia de tráfico y seguridad vial. El resultado será una persecución más eficaz de los infractores fuera de su lugar de residencia.
Por el momento, serán las sanciones consideradas como graves y muy graves las más perseguidas. De hecho, este acuerdo amplía la lista de infracciones que activarán la cooperación transfronteriza para multar a los conductores no residentes en el país donde se hubiera cometido la infracción.
El acuerdo para perseguir multas en el extranjero incluye los excesos de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, saltarse un semáforo rojo, los estacionamientos peligrosos, adelantamientos en carretera con riesgo y los atropellos con fuga.
El Estado de residencia podrá cobrar la multa
Para perseguir de manera más eficaz a los que cometan este tipo de infracciones, el Parlamento ha aceptado un refuerzo en los procedimientos de asistencia entre los países miembros de la UE. Además, el Estado donde resida el infractor estará obligado a colaborar ante una solicitud de información en un plazo de máximo dos meses.
La respuesta deberá emitirse antes de 11 meses desde la fecha de la infracción. Igualmente, habrá que lanzar una alerta de tráfico con todos los datos relativos al incidente y la apelación de la multa.
Además, según el acuerdo, el propio país de residencia podrá ocuparse del cobro de la sanción, siempre que así lo solicite el Estado donde se produjo la infracción y el importe sea de más de 70 euros. Antes de llegar a este punto, se tienen que haber agotado el resto de mecanismos administrativos y legales para reclamar el pago de la multa.
Cuándo entra en vigor el acuerdo
Por último, uno de los cambios que introducirá este acuerdo es que las entidades privadas ya no podrán asistir a los gobiernos cobrando multas a conductores extranjeros. Esta disposición será la primera en ser efectiva, partir de dos años después de la transposición de las nuevas reglas.
Solo falta que el Consejo Europeo dé el visto bueno a este acuerdo para que entre en vigor. Una vez aprobado definitivamente, todos los estados miembros tendrán 30 meses para preparar sus administraciones con los procedimientos necesarios para cumplir con los estándares de cooperación.
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