Los principales ayuntamientos españoles volvieron a recaudar por multas de tráfico bastante más de lo que habían previsto en sus presupuestos. Según un análisis elaborado por la compañía de recursos de multas Dvuelta a partir de las liquidaciones presupuestarias municipales, ocho de las nueve grandes ciudades para las que existen datos de derechos reconocidos en 2025 cobraron por este concepto más de lo inicialmente consignado en sus cuentas.
En conjunto, estas ciudades reconocieron ingresos por valor de 489,9 millones de euros, frente a los 390,5 millones presupuestados, lo que supone una desviación media del 22,7% y un exceso agregado de 99,4 millones de euros. Solo Palma de Mallorca cerró el ejercicio por debajo de la cifra prevista.
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Los datos utilizados corresponden a los llamados derechos reconocidos, es decir, los importes que los ayuntamientos tienen derecho a cobrar una vez completada la tramitación administrativa correspondiente. Se trata de una magnitud contable que refleja los ingresos efectivamente reconocidos por las corporaciones locales y que puede seguir evolucionando con el tiempo.
Dvuelta sostiene que la diferencia entre las previsiones iniciales y la recaudación responde a una práctica habitual en los grandes municipios, que prefieren presentar una “políticamente correcta” en el momento de aprobar las cuentas. “El presupuesto que se somete al debate público y al escrutinio de la oposición consigna una cifra más moderada por sanciones de tráfico, mientras la ejecución real se dispara meses después”, denuncia esta compañía.
Los casos, ciudad por ciudad
- Madrid. Es la ciudad que registra la mayor diferencia en términos absolutos. El Ayuntamiento reconoció ingresos por multas de tráfico de 283,2 millones de euros, frente a los 208,5 millones presupuestados. La desviación alcanza así los 74,7 millones de euros, un 35,8% más de lo previsto. El presupuesto municipal para 2026 reduce esta partida hasta los 194,5 millones de euros.
- Barcelona. Se trata de un caso menos llamativo, con 65 millones de euros de ingresos frente a los 60,5 millones anotados inicialmente en sus cuentas. El incremento fue del 7,4%, uno de los más moderados entre las grandes capitales analizadas.
- Valencia. Presenta la mayor desviación relativa del estudio. El Ayuntamiento reconoció 27,9 millones de euros en ingresos por multas frente a una previsión presupuestaria de 14 millones. La diferencia supone un desfase del 99,3%, prácticamente el doble de lo previsto. Pese a ello, el consistorio ha mantenido para 2026 la misma previsión de 14 millones de euros.
- Palma de Mallorca. Reconoció ingresos por 25,6 millones de euros, frente a los 32,6 millones registrados originalmente. La diferencia negativa fue de algo más de siete millones de euros, un 21,6%.
- Sevilla. Registró derechos reconocidos por importe de 24,1 millones de euros, por encima de los 22 millones previstos inicialmente. La desviación fue del 9,5%. Dvuelta aclara que el dato correspondiente a la capital andaluza es de carácter estimado.
- Bilbao. Los 17,5 millones presupuestados se quedaron lejos de los 23,1 millones de euros ingresados. El desfase alcanza el 32%, uno de los más elevados del conjunto analizado y solo por detrás de Valencia y Madrid.
- Málaga. Cerró el ejercicio con 20,3 millones de euros reconocidos por multas, frente a los 17,2 millones previstos. La diferencia representa un incremento del 18,4%.
- Zaragoza. Los derechos reconocidos ascendieron a 14,1 millones de euros, frente a los 12 millones presupuestados. La desviación fue del 17,9%.
- Murcia. Fue la ciudad que más se aproximó a su previsión inicial. El Ayuntamiento reconoció ingresos por 6,56 millones de euros, un 5,8% más de los 6,2 millones del presupuesto.
- Las Palmas de Gran Canaria. No había publicado todavía el dato de derechos reconocidos correspondiente a 2025 en el momento de elaborarse el informe. Su presupuesto incluía unos ingresos por multas de tráfico de 8,2 millones de euros.
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Más transparencia en las multas
A la vista de los resultados, Dvuelta reclama una mayor transparencia sobre la evolución de esta partida presupuestaria y pide a los consistorios que publiquen de forma periódica el detalle de la recaudación por sanciones de tráfico, así como las razones que explican las diferencias entre las estimaciones iniciales y los ingresos finalmente reconocidos.
A juicio de esta compañía, las multas deben responder a objetivos de seguridad vial y no convertirse en una fuente ordinaria de financiación municipal.
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