Conducir

La autoescuela en la cárcel: conducir para reinsertarse

Profesores voluntarios imparten clases teóricas en prisión y después los reclusos hacen las prácticas durante los permisos penitenciarios.

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Los reclusos reciben las clases teóricas en prisión.

La educación vial se ha afianzado como una de las prioridades en la actual política penitenciaria. Los motivos son obvios. En 2017, los tribunales españoles dictaron casi 82.000 sentencias por delitos contra la seguridad vial. O lo que es lo mismo, una de cada tres condenas en España tiene que ver con la conducción, según datos de la Fiscalía. Otra cifra a tener en cuenta: el 77% de los reclusos conducía antes de ingresar en prisión…, pero casi una tercera parte lo hacía sin el permiso de conducir. De hecho, más del 50% de los internos carece del carnet debido a la falta de recursos económicos, las dificultades con el idioma o por una escasa formación escolar, entre otros motivos.

Todas estas estadísticas han llevado a los responsables de las cárceles españolas a tomar cartas en el asunto. “Numerosos estudios demuestran la alta prevalencia existente en los accidentes sufridos y las infracciones de tráfico provocadas por sujetos de personalidad antisocial, poco respetuosos con las normas y valores establecidos”, admite la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Para combatir esta conducta, este organismo que depende del Ministerio del Interior ha impulsado en los últimos años distintos planes para fomentar y sensibilizar a la población reclusa en estas cuestiones.

La Constitución Española recoge que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Bajo esta premisa se enmarcan diversas acciones que persiguen varios objetivos. Por un lado, formar a los internos con la intención de reconducir posibles conductas infractoras y convencerlos de la importancia de cumplir las normas. Por otro, prevenirles de los daños que el alcohol y las drogas pueden provocar al volante. Sin olvidar otro asunto también importante: que los presos que no lo posean obtengan el permiso de conducir (de clase B) con vistas a facilitar su inserción laboral.

Son profesores voluntarios de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) quienes imparten las clases teórico-prácticas a los reclusos. Las sesiones son gratuitas, a excepción de las tasas de examen. La formación teórica consta de 25 horas lectivas. Desde que en el año 2011 se puso en marcha este proyecto y hasta hace pocos meses, un total de 1.518 presos (de ellos, 271 mujeres) aprobaron el examen teórico cumpliendo condena.

Los pedagogos coinciden en que el error supone una estupenda oportunidad para aprender, algo que se cumple también con estos alumnos, cuyo porcentaje de aprobados es superior a la media: casi el 70% de los reclusos superaron la prueba. Después llegan las clases prácticas fuera de la cárcel, que los reclusos reciben con ocasión de los permisos o salidas regulares del centro penitenciario. De los 538 internos que se presentaron al examen práctico, aprobaron 494 (el 91,8%).

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Un grupo de reclusas durante una clase teórica. / INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

“Muchos de ellos han conducido sin permiso, por lo que la labor de concienciación y reeducación de los profesores está más focalizada en este aspecto”, admite Roberto Ramos, director de Formación en la Fundación CNAE. Evitar futuros delitos e infracciones es básico. Además, el hecho de poseer el permiso de conducción “les abre nuevas puertas laborales”, añade Ramos. La experiencia es muy positiva tanto para alumnos como para profesores, que destacan las buenas sensaciones que reciben en las clases por la disposición a aprender que muestran los internos. Aunque esta iniciativa no está ahora mismo en vigor por cuestiones logísticas, la idea es reactivarla de nuevo a medio plazo.

Existe, asimismo, otro programa específico de reeducación para los condenados por delitos de seguridad vial. La reeducación, la sensibilización y la rehabilitación son los pilares de este plan. Según los últimos datos ofrecidos por la Fiscalía, referidos a diciembre de 2017, un total de 812 personas permanecían en prisión por este motivo.

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