A partir del 1 de enero de 2026, los conductores deben llevar en sus vehículos la baliza V-16 conectada con la Dirección General de Tráfico (DGT). Pasar por alto esta exigencia legal o no usar la baliza homologada en caso de necesidad podría acarrear penas de prisión para los conductores si se demuestra que esa conducta cause lesiones o un fallecimiento involuntario. Este es uno de los cinco riesgos legales identificados por Impulso by PONS relacionados con la luz de emergencia de la DGT, a falta de 50 días para que entre en vigor la obligación de llevarla.
Un informe de esta consultora especializada en movilidad enumera posibles problemas jurídicos en cinco ámbitos (civil, administrativo, penal, asegurador e industrial) que pueden afectar tanto a los conductores como a los propietarios de vehículos y fabricantes.
España cuenta con más de 34 millones de vehículos con una póliza de seguro, según el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), por lo que la entrada en vigor de la baliza V-16 conectada supondrá, a juicio de la consultora, “un cambio de paradigma en la seguridad vial española”. Y el desconocimiento o incumplimiento de la normativa puede acarrear “importantes consecuencias jurídicas” para los conductores y los fabricantes.
Baliza homologada para coche: qué cambia en España
Desde el punto de visa penal, la falta de señalización puede ser considerada imprudencia grave si esta conducta provoca lesiones o muertes, cuando no colocar la baliza V-16 sea considerada la causa directa del daño. “El conductor podría enfrentarse a penas de prisión y privación del derecho a conducir, con consecuencias personales y profesionales de gran alcance, especialmente en casos de siniestros con víctimas”, dice la consultora.
Además, la omisión de la señal V-16 o el uso de un dispositivo no homologado puede generar responsabilidad civil directa. El conductor que no señaliza adecuadamente una emergencia en la carretera puede ser considerado responsable de los daños ocasionados a terceros por falta de advertencia o visibilidad, lo que tal vez derive en reclamaciones judiciales y posibles futuras indemnizaciones.
Igualmente, las aseguradoras tienen la facultad de excluir la cobertura del seguro en caso de negligencia grave del conductor asegurado. Si se acredita que el conductor incumplió la obligación de señalizar, la compañía puede ejercer el derecho de repetición y reclamar al asegurado las cantidades abonadas a los perjudicados, dejando al conductor sin protección económica frente a terceros.
En el ámbito administrativo, la responsabilidad es doble. Por un lado, del propietario, por la obligación de dotar al vehículo de la baliza luminosa V-16 y ostentar la responsabilidad de su existencia y mantenimiento en condiciones adecuadas de seguridad en el vehículo.
Más información
Por otro, también lo es del conductor por la obligación y responsabilidad del uso correcto del dispositivo, según el Reglamento General de Circulación. En caso contrario, la infracción conlleva sanciones económicas desde 80 hasta 200 euros, según Impulso by PONS.
Fabricantes de la luz homologada V-16
En el ámbito industrial, los laboratorios, fabricantes e importadores de la señal V-16 conectadas tienen la obligación de fabricar de acuerdo con la Ley de Seguridad Industrial de 1992. En caso contrario, fabricar sin cumplir con los estándares de la ley puede acarrear sanciones de 60.000 euros a 100 millones de euros, e incluso la suspensión o cierre de la actividad comercial durante cinco años.
El último riesgo es que el conductor pierde la presunción de buena fe y puede ser considerado negligente si omite verificaciones básicas de seguridad del vehículo, manipula el dispositivo o adquiere un modelo no certificado. Esta pérdida de confianza puede dificultar la defensa jurídica en caso de reclamaciones y agravar la responsabilidad en procedimientos judiciales o administrativos.
Sigue toda la información de EL MOTOR desde Facebook, Twitter o Instagram