Por qué no deberías avisar de un control policial: detrás puede haber mucho más que una multa 

Durante años, los automovilistas han utilizado ráfagas, mensajes o aplicaciones para advertir de lo que encontrarán unos kilómetros más adelante. Un gesto rápido que muchos realizan pensando que están haciendo un favor a los demás. 

Sin embargo, comunicar esa información puede tener un efecto completamente distinto al esperado. Hay un detalle que normalmente el conductor desconoce y que puede convertir una simple advertencia en un problema mucho más serio.

El motivo por el que nunca se debería avisar 

Desde el volante resulta imposible conocer qué hay detrás de un despliegue policial. La Ley Orgánica 4/2015 contempla expresamente la instalación de controles en vías públicas para prevenir delitos de especial gravedad, detener a sus responsables o recoger instrumentos, efectos y pruebas relacionados con los hechos. 

Esto significa que los agentes situados unos kilómetros más adelante no tienen por qué estar realizando una campaña de alcohol, drogas o documentación. Pueden encontrarse allí para localizar a una persona concreta, interceptar determinado vehículo o desarrollar una investigación policial. 

En semejante escenario, conocer previamente el punto exacto puede proporcionar una ventaja decisiva. Alguien que esté siendo buscado tendría tiempo para escoger otra carretera, modificar su recorrido o abandonar el automóvil antes de alcanzar el dispositivo desplegado. 

La legislación permite, además, efectuar identificaciones y registros en determinadas circunstancias. Los funcionarios pueden realizar comprobaciones sobre personas y bienes para impedir que se porten ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u objetos susceptibles de emplearse para cometer un delito. 

Por tanto, desde el vehículo únicamente se observa la parte visible del operativo: coches oficiales, conos y uniformes. Su verdadera finalidad puede ser completamente diferente de la que supone quien pasa junto a él y decide alertar a los demás. 

Un aviso ya no llega únicamente al coche de enfrente 

La tecnología ha transformado también el alcance de estas advertencias. Las tradicionales ráfagas afectaban a unos pocos automovilistas, mientras que ahora una ubicación compartida puede llegar en cuestión de segundos a cientos de personas mediante grupos, plataformas y redes sociales. 

Quien publica esa información tampoco controla quién termina consultándola. El mensaje puede continuar circulando, reenviarse o permanecer disponible durante el tiempo suficiente para alcanzar a personas completamente desconocidas para quien originó la advertencia. 

Esta diferencia resulta especialmente relevante porque el usuario que comunica la posición de los agentes no conoce las circunstancias del despliegue. Lo que pretende ser un gesto entre conductores puede terminar proporcionando información útil a quien tenga verdadero interés en evitar ese punto. 

¿Avisar de un control puede acabar en multa? 

No existe una sanción automática por el simple hecho de comentar que hay presencia policial en una carretera. La situación cambia cuando la conducta pretende obstaculizar una actuación o puede encajar en alguno de los supuestos recogidos por la legislación vigente. 

La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana considera infracción grave determinados actos de obstrucción destinados a impedir que una autoridad o empleado público pueda ejercer legítimamente sus funciones, siempre que los hechos no constituyan delito. 

Por este motivo, no todos los mensajes pueden recibir el mismo tratamiento. Para determinar una posible responsabilidad deben valorarse las circunstancias concretas, la conducta desarrollada y su relación con la intervención de los agentes. 

La multa puede alcanzar los 30.000 euros 

Si los hechos encajan en una infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana, las consecuencias económicas pueden ser importantes. La norma establece multas de 601 a 30.000 euros. 

La horquilla está dividida en tres niveles. El grado mínimo va de 601 a 10.400 euros, el medio comprende desde 10.401 hasta 20.200 y el máximo se sitúa entre 20.201 y 30.000 euros. 

Como regla general, estas infracciones se sancionan inicialmente dentro del primer tramo. Para pasar a los siguientes deben concurrir determinadas circunstancias previstas legalmente, como la reincidencia o la intimidación, además de otros criterios empleados para graduar la responsabilidad. 

Compartir fotografías también tiene límites 

La situación incorpora otra variable cuando junto a la localización se publican fotografías o vídeos. Captar la imagen de un policía durante una intervención no constituye por sí mismo una infracción, pero el uso posterior del contenido sí puede tener consecuencias en determinados casos. 

La Ley de Seguridad Ciudadana contempla el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando pueda poner en peligro a los propios funcionarios, sus familias, instalaciones protegidas o el éxito de una operación. 

El Tribunal Constitucional ha matizado este precepto. No existe una prohibición general de fotografiar a los agentes, pero la utilización de ese material puede generar responsabilidad cuando ocasione un riesgo real, teniendo en cuenta al mismo tiempo el derecho a la información.