Por qué el coche eléctrico sigue pinchando en España

Nadie discute ya que el futuro de la movilidad pasa por la electrificación de los vehículos. Las exigencias legislativas y la inaplazable lucha contra la contaminación así lo sugieren y el proceso ya está en marcha. Muchos son los avances que se producen en esta línea, todos importantes. Sin embargo, en España la descarbonización del parque automovilístico no se está produciendo en modo alguno al ritmo que sería deseable.

Así lo denuncian la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM) y la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del vehículo Eléctrico (AEDIVE) a la vista de la evolución de las ventas de automóviles eléctricos en el mercado español. Si bien su crecimiento está siendo significativo durante el presente ejercicio, al igual que ocurrió en los anteriores, ambas asociaciones consideran que no se produce al ritmo suficiente para cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Las perspectivas de este plan apuntan a cinco millones de vehículos eléctricos circulando por España en 2030, lo que representaría el 15% del parque móvil. En lo que va de año se han matriculado 14.237 eléctricos puros y 4.024 híbridos enchufables, con un crecimiento del 125% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Sin embargo, en el total de ventas representan apenas el 0,6%, muy lejos de la penetración que sería deseable para alcanzar los objetivos marcados.

A esta circunstancia se debe añadir que el 65% de las operaciones se han realizado por empresas que destinan los vehículos eléctricos a sus flotas. Una fórmula efectiva para introducir la movilidad sin emisiones en la cultura corporativa pero que debería verse acompañada de una mayor implantación de los modelos eléctricos entre los particulares, que en definitiva son quienes deben contribuir con sus decisiones de compra a llegar a esos cinco millones de unidades en el plazo de poco más de una década.

En este sentido, tanto GANVAM como AEDIVE señalan que el Plan Moves de incentivos para la electrificación del parque no está funcionando como sería deseable y, por tanto, urge un replanteamiento de estas políticas. Ambas asociaciones consideran imprescindible un programa estatal con bases y convocatoria únicas, huyendo de un funcionamiento territorial que en su opinión no ha resultado efectivo. En la misma línea, creen que la deberían revisar las exigencias de achatarramiento para acceder a estas ayudas, que penalizan especialmente a las compras empresariales.

El recién presentado Audi e-tron, en carga

Arturo Pérez de Lucía, director general de ADIVE, detalla las necesidades del sector para alcanzar los propósitos deseados: “No podemos retrasar la puesta en marcha de una reforma fiscal verde bajo el criterio de que quien contamina debe pagar por ello. Y también es necesario un plan de incentivos real, coherente, ambicioso, continuado y en el que todas las administraciones estén alineadas. Todo ello ha de concretarse como proyecto de nación”.

Pérez de Lucía argumenta, además, que presupuestariamente este desafío es plenamente viable: “Las cuentas salen. Con la estimación del Gobierno de 30 millones de vehículos eléctricos en 2030, según un estudio del Bank of America Merryl Lynch, el Estado español dejará de ingresar por impuestos 6.125 millones de euros, a razón de 1.225 euros por cada vehículo eléctrico matriculado, mientras que los costes sanitarios de los vehículos de combustión se cifran en 2.371 euros por vehículo, según un informe de Bellona Europa. Esto supondría que dejaríamos de gastar por ese concepto 11.855 millones de euros en 2030, a lo que habría que sumar una reducción en la dependencia de importación de crudo de casi 5.000 millones de toneladas de combustible, con datos de 2018”.

Al margen de la revisión del Plan Moves, dos son las medidas concretas e inmediatas que se proponen desde estas asociaciones sectoriales para incentivar las ventas a particulares: la supresión del IVA para los coches eléctricos y que se elimine la consideración como rendimiento del trabajo en la tributación del año siguiente las subvenciones a la compra.