La historia comienza así. Una publicación de la Policía Local de Granada en X (antes Twitter) relataba una sucesión de hechos que parecen sacados de un guion. En la madrugada del pasado sábado, una conductora protagonizó un siniestro vial en Granada y se dio a la fuga con los neumáticos reventados.
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La Policía informó a través de su cuenta (a las 6.45) que la mujer fue interceptada por una de sus unidades mientras circulaba en sentido contrario por la Cuesta de San Antonio.
La osadía de una conductora en Semana Santa
El incidente comenzó cuando la conductora perdió el control de su vehículo, causando daños significativos. Pero en lugar de detenerse y asumir la responsabilidad de los hechos, decidió huir del lugar del accidente, lo que generó una situación de peligro para otros conductores y peatones en la zona.
La Policía Local actuó rápidamente para localizar el vehículo y detener a la conductora. Al ser interceptada, la mujer se negó a realizar la prueba de alcoholemia, lo que levantó sospechas sobre su estado en el momento del accidente.
“Opone una fuerte resistencia a la detención y agrede a los agentes. Finalmente es arrestada y queda en calabozos a disposición judicial por conducción bajo los efectos del alcohol, negativa a realizar la prueba y atentado a los agentes”, relata la publicación.
La historia continúa
Y si esto fuera poco, hay aún más. La conductora iba con un copiloto, el dueño del coche, que también estaba ebrio. Sobre las 11.00, se presentó este hombre en la jefatura policial para sacar su coche del depósito. Lo más insólito es que llegó conduciendo el coche de un familiar. “Lo vemos llegar y parece que sigue bajo los efectos del alcohol”, relata la Policía.
“Nuestras sospechas se confirman. Después de más de cuatro horas tras el siniestro, el hombre es sometido a la prueba de alcoholemia y da un resultado de 0,61 mg/l de aire espirado. Denunciando: 1000€ y 6 puntos de retirada del carnet de conducir”, comenta el post.
Negarse a un control de alcoholemia
En España, negarse a realizar un test de alcoholemia es una infracción grave que puede conllevar tanto sanciones administrativas como penales. La multa puede llegar hasta los 1.000 euros y la retirada de hasta 6 puntos del permiso de conducir.
Además, la negativa puede ser considerada un delito, con penas que incluyen prisión de 6 meses a 1 año y la privación del derecho a conducir por un período de 1 a 4 años.
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