¿Vendes o compras piezas usadas en Internet? No deberías, es ilegal

‘Busco caja de cambios automática Audi A4 2.5 TDI Multitronic año 2003’. ‘Despiece motor Suzuki Wagon R 16 V: vendo colector admisión completo con sondas, rampa e inyectores; bomba de agua, embrague, bomba de aceite”. Son sólo dos ejemplos de los miles de anuncios de compra y venta de piezas usadas de coches y motos que se pueden encontrar en Internet, desde plataformas comerciales específicas a las redes sociales, pasando por foros de usuarios de un determinado modelo. Sin embargo, esta actividad es ilegal desde la aprobación, el pasado mes de enero, del Real Decreto 20/2017 sobre vehículos al final de su vida útil.

La Unión Europea regula la gestión de residuos generados por el desguace de vehículos desde el año 2000. España se sumó a esta iniciativa que buscaba “disminuir la cantidad y la peligrosidad de los residuos procedentes de los vehículos” con un Real Decreto en 2002, que ahora ha sido revisado para adaptarse a una serie de nuevas circunstancias, tanto legales como prácticas. La actual legislación define con detalle en doce artículos las operaciones que deben realizar los centros autorizados para el tratamiento (CAT) de vehículos (de pasajeros hasta ocho plazas más la del conductor y comerciales ligeros) al final de su vida útil.

Al margen de la trascendencia que el Real Decreto tiene para los profesionales del sector, para los usuarios la novedad más importante es que su artículo 7, punto 3, sección A, recoge que “la extracción de piezas y componentes para su preparación para la reutilización y comercialización únicamente podrá realizarse en un CAT y siempre de vehículos que previamente hayan causado baja definitiva en el Registros de la Dirección General de Tráfico y que hayan sido descontaminados”.

Automóviles tratados en un desguace.

Por tanto, la ley prohíbe de forma específica que cualquier particular o empresa recicle piezas de automóviles y las comercialice fuera del ámbito de estos CAT, los únicos autorizados para la gestión de residuos y siempre que se haya producido previamente su baja. La compra o venta en cualquier otro formato será perseguida y sancionada en base a los supuestos que se recogen en el Artículo 12 del Real Decreto. En consecuencia, las plataformas, particulares o talleres que publiciten, compren o vendan recambios de una procedencia diferente a la señalada cometerán una infracción tipificada.

Con la normativa actualizada, el titular del vehículo que se entrega en un CAT no asumirá coste alguno, siempre que no haya sido sometido previamente a ningún tipo de manipulación o desmontaje de piezas o componentes. Si el coche dado de baja presenta irregularidades en este sentido, el centro de tratamiento informará a la consejería competente de su comunidad autónoma, lo que igualmente podría acarrear sanciones para el propietario.

Rafael Pardo, director general de la Asociación Española de Desguazadores y Reciclaje del Automóvil (AEDRA), es tamante al respecto: “Cualquier actividad referida a una pieza o componente que no proceda de un centro autorizado es ilegal”. Y detalla el espíritu de la nueva normativa: “No observar esta ley causa perjuicios evidentes al medio ambiente. El usuario no tiene garantías sobre lo que adquiere, además de comprometer la seguridad vial al desconocer el estado de la pieza y enfrentarse a dificultades a la hora de montarla, ya que un taller se negará a una intervención sobre la que tampoco puede ofrecer garantías. No debemos ignorar que un vehículo puede convertirse en un residuo peligroso si no se manipula por profesionales”.

Pardo asegura que no se trata exclusivamente de una cuestión de competencia desleal a los CAT (“Que también”, puntualiza) sino de un asunto de una trascendencia mucho mayor: “Hablamos de una imposición con aspectos positivos para todos, para el medio ambiente, la seguridad y la transparencia en una actividad económica sujeta, obviamente, a su fiscalidad correspondiente. Por eso desde nuestra asociación creemos que es importante el autocumplimiento, que los usuarios tomen conciencia de lo que está en juego, la ley no permite hacerlo pero además tampoco deberíamos hacerlo por el bien común”.

Pese a todo, este portavoz del sector es consciente de que se seguirán produciendo irregularidades en una práctica tan extendida, asume que no será sencillo atajar un hábito instalado entre miles de compradores y vendedores a través de Internet. En esa línea adelanta que se tomarán las medidas necesarias en su momento: “Tras la aprobación del Real Decreto, desde AETDRA hemos iniciado una campaña informativa para trasladar a los usuarios el nuevo marco legal. Esperamos que surta el efecto deseado, pero en caso contrario procederemos a realizar las denuncias pertinentes de lo que será un mercado ilegal, con los supuestos y las sanciones previstas por la ley”.