Un control de tráfico aparentemente rutinario destapa una situación inesperada 

Un dispositivo de vigilancia de tráfico sin mayores pretensiones acabó convirtiéndose en un ejemplo extremo de irresponsabilidad al volante. Ocurrió en una ciudad al norte de Italia, en una zona céntrica y a plena luz del día, cuando la policía local detuvo un escúter durante una inspección habitual.

Lo que en un primer momento parecía una simple comprobación de documentación terminó revelando una cadena de infracciones acumuladas durante años. El conductor, un hombre de unos 40 años, circulaba con el vehículo sin seguro obligatorio y con la inspección técnica caducada, dos infracciones frecuentes en controles en ciudad.  

Sin embargo, la sorpresa llegó al consultar los registros oficiales. Los agentes descubrieron un dato mucho más grave, hacía más de quince años que le habían retirado el permiso de conducir.  

Una infracción que va mucho más allá de una multa  

Conducir sin carnet en vigor no es una falta menor. En este caso, no se trataba de un despiste puntual ni de un permiso caducado recientemente, sino de una situación prolongada en el tiempo. Durante más de una década, el conductor había seguido circulando con normalidad pese a no estar legalmente autorizado para hacerlo.  

La actuación policial fue inmediata. Las sanciones impuestas superaron los 6.000 euros y el vehículo fue inmovilizado. Más allá del importe económico, el caso pone el foco en un aspecto clave de la seguridad vial, el riesgo real que supone circular sin cobertura legal ni protección para terceros.  

¿Qué pasaría en España en una situación similar? 

Aunque el suceso tuvo lugar en Italia, el paralelismo con la normativa española es directo. En España, conducir tras la retirada del carnet está tipificado como delito contra la seguridad vial y puede conllevar penas de prisión, multas económicas elevadas o trabajos en beneficio de la comunidad, además del decomiso del vehículo en determinados supuestos.  

A ello se suma la ausencia de seguro obligatorio. En caso de accidente, los daños a terceros quedarían inicialmente cubiertos por el Consorcio de compensación de Seguros, pero el responsable tendría que responder posteriormente con su propio patrimonio, una consecuencia que muchos conductores desconocen o subestiman.