La Comisión Europea ha confirmado que la normativa comunitaria no se opone a la obligatoriedad de la baliza V-16 en España, un dispositivo que se ajusta al marco jurídico europeo y busca “mejorar aún más” la seguridad. No obstante, ha precisado que debe informarse de los requisitos técnicos exigidos a los fabricantes.
Así lo explicó en una comparecencia oral un funcionario del Ejecutivo comunitario ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y también lo señaló la institución por escrito en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre el dispositivo luminoso obligatorio en España desde el 1 de enero de 2026 para señalizar vehículos parados por avería o accidente.
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El técnico de la Dirección General de Movilidad hizo un repaso del ordenamiento legal aplicable para explicar que la medida respeta la Convención de Viena sobre circulación, que regula la señalización internacional.
“Las autoridades españolas han usado las prerrogativas de la Convención”, dijo el eurofuncionario, quien agregó que los conductores con vehículos matriculados en otros países podrán seguir usando en España los triángulos tradicionales y que los españoles podrán usar la baliza en otros Estados firmantes del acuerdo.
Agregó que España es un “campeón de la seguridad” vial que tiene una tasa de 35 víctimas por millón de habitantes en carretera, frente a la media de 44 en el conjunto de la Unión Europea, y subrayó la conclusión de las autoridades españolas sobre las situaciones de peligro que puede generar el uso del triángulo. Y añadió que el objetivo de la señal luminosa V-16 es también “modernizar el enfoque”, pues incorpora tecnología de geolocalización y es visible a 1.000 metros.
Confusión sobre la V-16
En el turno de los eurodiputados, la popular Elena Nevado, sin embargo, criticó con dureza la baliza y aseguró que el Gobierno de España ha “impuesto un dispositivo que nadie más necesita en Europa” y que genera “enormes gastos y confusión, y muchas dudas jurídicas entre los españoles”, según recoge Efe.
En un segundo turno de palabra, la eurodiputada leyó una respuesta parlamentaria recién publicada, como contestación a una pregunta escrita dirigida al vicepresidente de Industria de la Comisión Europea, Stephan Sejourné, en la que confirmó que el Gobierno español no notificó al Ejecutivo comunitario el decreto por el que se instauró el uso obligatorio de la baliza ni el que establece el requisito de que cada dispositivo comunique su geolocalización a la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin embargo, la Comisión tampoco aclaró si existía obligación de hacerlo.
La socialista Sandra Gómez, por su parte, subrayó que la controversia busca sólo generar “ruido” contra “algo tan razonable que no creo que mereciera la pena ni que leyera todos los argumentos jurídicos en los que hemos trabajado”.
Mejoras en la seguridad vial
Gómez argumentó que la medida española no distingue por nacionalidad, sino por país de matriculación, como las homologaciones, y recordó que los Estados miembros disponen de un “amplio margen en materia de seguridad vial” y no se vulnera la normativa europea.
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Por parte de Vox, el eurodiputado Juan Carlos Girauta criticó que, tras publicitar la medida, se cambiaran las especificaciones. “Yo compré una hace más de un año y hace muy poco se anunció que las que se habían comprado no valían, y que sólo iba a ser válida una baliza en concreto comercializada por una empresa muy pequeñita. No prejuzgo, pero es una anomalía”, dijo.
El Boletín Oficial del Estado contradice a Girauta. El real decreto que estableció los requisitos definitivos de la V-16 se publicó en diciembre de 2022 y en ese momento quedó reflejado en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos.
Y la comercialización de este dispositivo, al contrario de lo que dice el eurodiputado ultra, no depende de una sola compañía: la página web de la DGT ofrece un listado con más de 200 balizas certificadas y disponibles en tiendas físicas y en comercios electrónicos.
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