La última denuncia de la OCU contra las grúas municipales

La Organización de Consumidores y Usuarios denuncia enormes diferencias de precio de este servicio en las diferentes ciudades.

Grúa

Los ayuntamientos españoles tienen la potestad de retirar vehículos de la vía pública cuando causen peligro o perturbaciones en la circulación, además de cuando se encuentren estacionados indebidamente. Así lo recoge la ley de tráfico, por lo que las ciudades disponen de un servicio de grúa municipal para realizar dicha tarea.

El coste del traslado y custodia del vehículo lo establecen los propios ayuntamientos. Y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) acaba de denunciar las enormes diferencias que existen entre las distintas grandes ciudades del territorio nacional por prestar este servicio.

Pueden llegar a ser del 300%, ya que van desde los 51 euros como tasa más barata en Melilla a los 205 euros de Zaragoza. Así se desprende del estudio realizado en todas las capitales de provincia españolas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El coste medio de la grúa municipal en España es de 99,04 euros, lo que no impide que algunas ciudades (como Barcelona, San Sebastián y la citada Zaragoza) apliquen tarifas que la OCU considera “mucho más elevadas que el coste razonable de ese servicio por una empresa privada”.

La custodia del vehículo

Al margen del pago por la retirada del vehículo, el usuario debe hacer frente al importe de su custodia en los depósitos municipales. En este caso, la OCU denuncia que 47 de los 54 ayuntamientos analizados tarifican este servicio por días completos, cuando debería realizarse por horas para que el importe se ajustara a la permanencia en esas instalaciones.

El coste medio del depósito es de 17,10 euros, pero puede llegar a ser muy superior. Con ello, y con la suma de ambos conceptos, el precio final de una retirada del vehículo por la grúa y una estancia de 24 horas en el depósito municipal tiene un precio medio de 117,03 euros. Pero la horquilla va de los 205,35 de Zaragoza a los 50,88 de Melilla.

Con todo, la conclusión de la OCU es que los ayuntamientos “encuentran en la tasa de retirada y depósito una vía fácil de aumentar la recaudación, convirtiéndola así en una sanción encubierta”.

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