Desde el 1 de septiembre, circular por la red de carreteras del Estado es un 73% más barato que en 2017, antes de que empezara la liberalización de las autopistas de pago. Son los cálculos del Ministerio de Transportes, que señala otros dos datos para cuantificar el proceso: cuatro de cada diez kilómetros de autopista de peaje son ahora gratuitos y esto se traduce, a su vez, en un ahorro para los usuarios de 1.400 millones de euros (respecto a 2017), incluidas también las rebajas y bonificaciones horarias de algunas vías.
Los nuevos tramos libres de pago se ubican en la AP-2 (en suelo aragonés y catalán) y en dos recorridos de la AP-7, entre Tarragona y La Jonquera (Girona) y, por otro lado, entre las localidades barcelonesas de Montmeló y El Papiol. Con esto, más de 500 kilómetros pasan a estar exentos de pago.
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El sector de la AP-2, que va desde Alfajarín (Zaragoza) a El Vendrell (Tarragona), cubre una distancia de 215 kilómetros y hasta ahora suponía el desembolso de unos 20 euros por turismo. Por su parte, la secciones liberadas de la AP-7 son muy diferentes entre sí. La primera, entre Tarragona y La Jonquera, abarca 245 kilómetros, por los que había que pagar casi 29 euros. La segunda, entre Montmeló y El Papiol, es mucho más corta (31 kilómetros) y su coste era de menos de tres euros.
A estos tramos de autopista se suman además otras dos carreteras convencionales gestionadas por la Generalitat de Catalunya. Tanto la C-32, que une Barcelona y Lloret de Mar (en paralelo a la antigua N-II), como la C-33, que conecta Barcelona y Montmeló, pasan a ser gratuitas también. La primera libera 49 kilómetros (casi 5 euros de peaje, entre las más caras de España hasta ahora) y la segunda otros 15 kilómetros (1,15 euros).
El Ministerio de Transportes estima que la liberación de los peajes supondrá un ahorro para los usuarios de 515 millones de euros anuales con los más de 13 millones de desplazamientos actuales. Si se considera el aumento del tráfico previsto, el ahorro llegará hasta los 752 millones de euros anuales.
Como contrapartida, el Estado debe hacerse cargo ahora de la conservación de estas vías, con el gasto que eso supone, y en el horizonte se asoma el pago por uso de las autovías. El Gobierno ya marcó una fecha en mayo pasado: 2024. La propuesta recibió el rechazo unánime de las asociaciones de automovilistas, pero también el apoyo de otros actores implicados en la movilidad.
La Asociación Española de la Carretera, que denuncia un déficit de conservación en la red viaria de unos 7.500 millones de euros, propuso de hecho un modelo de pago con un bono gratuito para turismos de 10.000 kilómetros anuales. También apoyó la propuesta el director general de tráfico, Pere Navarro: “Usted cuando va en tren no va gratis. Hay unas infraestructuras y hay que pagarlas, aquí y en cualquier país”. La patronal de grandes constructoras Seopan considera que esta propuesta supondría una “armonización con Europa”, donde 23 países tienen tarificado el 100% de su red de autovías.
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Periodista especializado en seguridad vial. Editor y redactor de El Motor desde 2016. Empezó a escribir de fútbol en 1998 en Diario 16 y ha trabajado en varios proyectos de Prisa Media desde 2000. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, es autor de ‘Aquí no se rinde ni Dios’ (2020).