Cada mes se realizan en España entre 1,8 y 2,1 millones de Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). Con el estado de alarma provocado por la crisis del coronavirus durante casi tres meses, y la consiguiente paralización de la actividad, se calcula en unos cinco millones los usuarios los que deben ponerse al día con este trámite obligatorio, más los que se siguen incorporando de forma constante cuando el trámite les corresponde.
El Ministerio de Sanidad, atendiendo a las solicitudes del sector al respecto, ha impulsado una serie de medidas para evitar el colapso en las ITV, fundamentalmente ampliando los plazos disponibles y que permiten a las estaciones programar con citas previas durante los próximos meses las inspecciones pendientes.
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Sin embargo, el desarrollo de la Orden SND/413/2020 del 15 de mayo ha provocado disconformidad y polémica entre asociaciones de automovilistas y consumidores. Es el caso de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ya ha anticipado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El presidente de la asociación, Mario Arnaldo, considera que “el cambio realizado por el Gobierno supone una disminución en los plazos en los que los vehículos deben pasar la ITV sin que exista ninguna razón de seguridad vial para ello”.
Desde AEA argumentan su rechazo a la legislación con un ejemplo concreto: “Un vehículo que con motivo de la covid-19 no hubiera podido pasar la ITV a finales de marzo y la supere favorablemente en septiembre, con la nueva norma la siguiente inspección no la tendría que pasar a los dos, al año o a los seis meses siguientes, como está regulado en la normativa europea dependiendo del tipo de vehículo y la antigüedad, sino al año y medio, a los seis meses o, incluso, al mes siguiente”.
Sin llegar a la judicialización de la protesta, también desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se pronuncian en términos similares: “La nueva normativa no contempla que la fecha de cara a la siguiente revisión se extienda en la misma proporción de los plazos de ampliación por la covid-19, acortando así el siguiente periodo de espera hasta seis meses sin que existan motivos técnicos que lo justifiquen”.
La OCU va incluso un paso más allá al referirse a las tasas correspondientes a las inspecciones: “No hay ninguna razón técnica que avale el hecho de acortar el período de validez de la ITV prorrogada, puesto que los requisitos técnicos y de seguridad que tienen que pasar los vehículos son los mismos que en la no prorrogada. No puede ser que las tasas a abonar sean idénticos, mientras que la validez es menor”.
Los argumentos del sector
AECA-ITV aglutina a la gran mayoría de empresas del sector en España como asociación patronal, habiendo trasladado al Gobierno sus necesidades y asesorándo en el desarrollo de la normativa. Guillermo Magaz es su director gerente y explica las razones que considera han llevado al Ministerio de Sanidad a establecer unos plazos que ahora resultan polémicos: “En primer lugar, debe quedar claro que es la Administración la que, lógicamente, legisla al respecto. Dicho esto, como asociación nos parece que la medida es la correcta puesto que se trata de una ampliación del margen disponible para pasar la ITV sin riesgo de sanción o pérdida de coberturas de las compañías aseguradoras, no de que el usuario lleve al límite ese plazo legal”.
Las ITV pueden tener problemas con su capacidad de servicio.
Magaz detalla la problemática a la que se enfrentan las estaciones de ITV: “Estamos en una situación excepcional y como tal hay que asumirla por todas las partes implicadas. Sin modificaciones en los plazos se hubiera producido un colapso en las estaciones, sin capacidad para atender semejante avalancha de usuarios y, por tanto, sin poder satisfacer su derecho a la inspección. Pero eso no significa que todos los afectados dejen la ITV para el último día permitido, por dos razones claras: la más importante de seguridad y la segunda porque entonces las capacidad de atención se vería igualmente afectada”.
En opinión del representante del sector, la esencia del problema es que muchos siguen considerando este trámite como una tasa o un gasto, no como una garantía para la seguridad de su vehículo y ocupantes: “Un conductor al que le ha caducó una inspección anual durante el periodo de alarma, ahora podría plantearse seguir circulando durante otros seis meses más porque la legislación se lo permite si apura al máximo el tiempo del que dispone. Pero no se trata de eso. El cambio provisional en la normativa tiene un objetivo de organizar el servicio y dar facilidades a los usuarios, no creo que estemos en una situación social de recurrir a la picaresca para alargar plazos o ahorrar unos euros, sobre todo en algo tan importante como la seguridad vial. Es algo que algunos no terminan de entender”.
Para AECA-ITV, por tanto, el desarrollo de la norma es el correcto al tratarse de circunstancias extraordinarias que nada tienen que ver con las que se producen en condiciones de normalidad, sin colapsos en las estaciones y sin millones de personas pudiendo circular legalmente con vehículos que quizá no se encuentren en óptimas condiciones. Automovilistas y usuarios lo entienden de otro modo y será la Justicia la que deba pronunciarse al respecto atendiendo a los procedimientos iniciados, si es que antes no se produce una nueva modificación por parte del Ministerio de Sanidad, cosa que parece poco probable a la vista de los argumentos de los especialistas.
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Una vida sobre ruedas. De piloto (malo) de motocross a periodista deportivo en Diario AS, incluyendo una década en los grandes premios de MotoGP. Apasionado de los coches y las motos, en más de 30 años ha tenido el privilegio de probar unos cuantos cientos de unos y de otras. Ahora, subdirector en Prisa Motor.