Europa quiere un cargador eléctrico cada 60 kilómetros

La pescadilla que se muerde la cola. Todavía sin demanda suficiente, los cargadores eléctricos brillan por su ausencia en muchos territorios europeos. Y al mismo tiempo, sin una infraestructura que soporte las necesidades de esta nueva tecnología, su crecimiento se ralentiza.

En 2035, las autoridades europeas prohibirán la venta de automóviles nuevos con motor de explosión con el objetivo de conseguir en 2050 la neutralidad en carbono, indispensable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el progresivo calentamiento global.

Estas propuestas todavía son debatidas para su aplicación en la Comisión Europea y ahora se suma otra sugerencia para acelerar el proceso. Se trata de la instauración de una cuota obligatoria asignada a cada país miembro en cuanto al número y la localización de los puntos de recarga.

Postes cada 60 kilómetros

El proyecto busca asegurar un mínimo de infraestructuras para sostener el despliegue de vehículos de energía alternativa y conseguir así los fines medioambientales marcados. Y para ello propone dotar a los grandes ejes de transporte europeo por carretera de una red de recarga suficiente para así impulsar a gran escala el uso del vehículo eléctrico.

En concreto, la UE trata de asegurar mediante un reglamento la instalación de un poste de carga rápida cada 60 kilómetros a lo largo de las principales vías de comunicación. Un despliegue que llevaría a instalar, antes de 2030, hasta cuatro millones de puntos de conexión a la red para reabastecer de electricidad a los automóviles. Así lo anunció el comisario de justicia europeo Didier Reynders, que en la conferencia Platform for Electromobility aseguró que las cuotas de puntos de recarga para coches eléctricos serán obligatorias en los países de la UE.

Sin embargo, según la Asociación de Fabricantes Europea (ACEA), algunos países no podrían cumplir a tiempo esos objetivos y ya se han manifestado en la línea de alargar esa distancia obligatoria entre puntos de carga y también en la necesidad de reducir la potencia inicialmente exigida para los postes de la infraestructura pública. Y es que incluso en los países del Norte de Europa, donde la electrificación avanza a mayor velocidad, el despliegue de la red de carga no se desarrolla al ritmo deseado para alcanzar los objetivos propuestos.

España, a la zaga

El desfase en el proceso de la electrificación deja la pelota en el tejado de los diferentes Estados miembros, ya que el proyecto de desplegar una red oficial de cargadores por parte de la UE ya ha recibido el importante respaldo de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E), un organismo independiente y, como recalca la asociación de fabricantes ACEA, también el apoyo de las principales marcas de automóviles locales, que ya han firmado su compromiso de abandonar las mecánicas de combustión tradicionales incluso antes de la prohibición oficial.

En el caso español, la red actual de carga eléctrica dispone actualmente de menos de 15.000 puntos, progresa muy despacio y se encuentra a la cola de los países continentales donde Países Bajos, Alemania y Francia concentran ya el 70% de los existentes.

Atendiendo a las previsiones oficiales, en 2030 ya deberían circular en España cinco millones de vehículos eléctricos, para los que se necesitará la disponibilidad de 340.000 cargadores públicos según los cálculos de la Asociación Empresarial para el desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive).

Por su parte, y para acelerar este proceso y recortar la distancia frente a otros países del entorno, el ministerio español para la Transición Ecológica y el reto Demográfico aprobó a finales del año pasado un real decreto que impulsa la red de carga de vehículos eléctricos mediante una serie de medidas fiscales entre otras, con el objetivo de alcanzar en 2023 la barrera de 100.000 puntos públicos.

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