¿Se necesita permiso para instalar en casa un cargador de coches eléctricos? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

La creciente presencia de coches eléctricos en España ha puesto sobre la mesa una cuestión clave para miles de propietarios: ¿es necesario pedir permiso a los vecinos para instalar un punto de recarga en un garaje comunitario? La respuesta, según la Ley de Propiedad Horizontal, es clara y favorable al usuario.

Desde que este asunto preocupa a los conductores, queda clara la idea de que cualquier propietario puede instalar un cargador en su plaza de garaje individual sin necesidad de aprobación por parte de la comunidad.

Lo único que exige la ley es una comunicación previa. Así lo establece el artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal, que especifica que la instalación de un punto de recarga para uso privado solo requiere notificarlo formalmente a la comunidad.

Este principio legal busca facilitar la transición hacia la movilidad eléctrica, eliminando trabas burocráticas innecesarias. Sin embargo, hay condiciones técnicas que deben cumplirse. Por ejemplo, el cargador debe instalarse en una plaza de garaje de uso exclusivo del propietario, y no puede conectarse al suministro eléctrico comunitario. Para evitar conflictos, es obligatorio instalar un contador independiente que registre el consumo eléctrico del vehículo.

Disputas entre vecinos

La importancia de este detalle ha quedado patente en casos como el de Finlandia, donde algunos vecinos han llegado a desconectar los coches eléctricos de los puntos de carga por temor a que el gasto se repercuta en la factura común. Kristel Pynnönen Andersson, experto legal de la Finnish Real Estate Association, ha advertido que este tipo de disputas están en aumento, y que la solución pasa por separar claramente el consumo individual del comunitario.

En España, el procedimiento es sencillo: basta con contratar a una empresa especializada que se encargue de la instalación del cargador y del contador. Este último debe estar vinculado directamente al suministro del propietario, evitando así cualquier uso indebido de la energía compartida.

Además, aunque la comunidad no puede impedir la instalación, sí puede intervenir si existen razones justificadas, como riesgos para la seguridad o afectaciones estructurales. En esos casos, se recomienda acudir a un peritaje técnico que evalúe la viabilidad del proyecto.

La normativa actual no solo protege el derecho del propietario a instalar un punto de recarga, sino que también promueve una convivencia responsable. La clave está en la transparencia: comunicar, instalar correctamente y asumir el coste del consumo.

Con más de 150.000 coches eléctricos circulando por España y una infraestructura de recarga aún en desarrollo, disponer de un cargador en casa se ha convertido en una necesidad. La Ley de Propiedad Horizontal, en este sentido, se alinea con los objetivos de sostenibilidad y facilita el camino hacia una movilidad más limpia.