Absuelto tras cometer un supuesto delito: conducía sin carnet creyendo que sí lo tenía

Se le imputaba un delito contra la seguridad vial por conducir sin carnet, pero el automovilista argumentó que desconocía haber agotado su saldo de puntos y ahora el Juzgado de lo Penal Único de Teruel lo ha absuelto. El tribunal ha determinado que no fue debidamente informado de la pérdida de vigencia de su permiso, ya que no recibió la notificación que le avisaba de esta circunstancia. 

“Este fallo pone de manifiesto un problema sistémico: la falta de notificaciones efectivas por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), que deja a miles de conductores en una situación de total indefensión”, concluye en una nota Dvuelta, entidad especializada en la defensa de los derechos de los automovilistas y encargada de este caso.

Al tratarse de un delito doloso, resultaba imprescindible acreditar que el acusado tenía pleno conocimiento de la pérdida de vigencia de su permiso y que, aun así, decidió conducir. La Fiscalía no logró demostrarlo. El acusado circulaba sin carnet creyendo que la retirada de puntos no era firme y que, por tanto, el permiso mantenía su vigencia. Así lo explicó a los agentes: daba por hecho que el procedimiento administrativo seguía en trámite tras las alegaciones presentadas, pues no había recibido respuesta. 

Notificación de multas

“La jurisprudencia exige que la notificación de la prohibición de conducir sea personal, sin que baste su recepción por un tercero”, explica la defensa. Además, “al no haber contestación alguna a las alegaciones presentadas, y por producirse la notificación a un tercero distinto del interesado, coincidimos con el pronunciamiento de la sentencia y entendemos que estos hechos no pueden ser constitutivos de delito”.

Según estimaciones de Dvuelta, “hasta un 30% de las notificaciones se realizan incorrectamente”. Como consecuencia, muchos conductores “afrontan multas, procesos judiciales e incluso la pérdida de sus empleos por no poder conducir sin haber tenido la oportunidad de defenderse”. Esta entidad sostiene que las notificaciones se envían a direcciones incorrectas, se pierden en trámites burocráticos “o simplemente no llegan a manos de los interesados”.