Opinión

Deberes del día después

La única salida posible para la crisis pasa por campañas de liquidación agresivas que saquen coches de la red, incluso con pérdidas.

Crisis coronavirus automovil

Las fábricas podrían volver a parar si las ventas no se reactivan.

La industria española del automóvil ha sido uno de los sectores más golpeados por el coronavirus, que ha supuesto un colapso casi total, con el cierre de las fábricas y el cese de actividad de los concesionarios. El resultado se ha traducido en una caída histórica del 96,5% en las matriculaciones y un nuevo récord desde que hay registros. Trasladado a cifras, la pandemia ha reducido en 213.000 unidades las matriculaciones hasta abril: 91.000 en particulares, 60.000 en empresas y sobre todo, 62.000 en rent a car.

Algunas entregas de los dos primeros canales se podrían recuperar en los próximos meses. Pero con las ruinosas previsiones de la temporada turística, salvar las de las alquiladoras resulta imposible. Gran parte de estos vehículos que no se han matriculado en los dos últimos meses y los que tampoco se venderán en mayo estaban ya en los concesionarios, en las campas de tránsito o en camino desde las plantas de sus fabricantes.

El problema es que provocan un tapón casi infranqueable que asfixia la liquidez de toda la cadena de valor e impide la llegada de los modelos que se han empezado a producir ahora. Y si se disparan los stocks, acabarán provocando un nuevo cierre de las fábricas con sus consiguientes despidos.

La única salida posible pasa por lanzar campañas de liquidación muy agresivas que saquen de la red estos vehículos, incluso con pérdidas, para despertar el interés de los compradores. Pero el mejor empujón sería que el Gobierno activara de forma inmediata un plan de ayudas que incentive la retirada de los modelos más viejos y contaminantes y ayude a reactivar el sector. Es lo que pide –por primera vez con voz única– la industria española del automóvil, pionera en Europa en cerrar un acuerdo con los sindicatos.

Es cierto que todo el país está pidiendo ayudas, pero este sector supone el 10% del PIB y el 18% de las exportaciones, y aporta un efecto tractor sobre el resto de la economía. Y el plan supondría además un retorno fiscal positivo para el Estado que ayudaría a financiar el icónico ‘escudo social’ del ejecutivo. Todo un círculo virtuoso en manos del Gobierno, que es quien tiene el mando a distancia.

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