Declarada la guerra al exceso de velocidad: penas de cárcel para quienes superen el límite en 50 km/h

El panorama de la seguridad vial en Europa ha alcanzado un punto crítico que exige medidas sin precedentes. Durante el año 2024, las carreteras de la Unión Europea (UE) fueron testigos de una realidad estremecedora: cerca de 20.000 personas perdieron la vida en siniestros de tráfico, lo que supone una media de 44 fallecidos por cada millón de habitantes. En este escenario, el exceso de velocidad se ha consolidado, en palabras de las autoridades comunitarias, como el “asesino silencioso” de la carretera, estando presente en uno de cada cuatro accidentes mortales.

A pesar de los esfuerzos tecnológicos y las campañas de concienciación, el 60% de los conductores admite superar los límites de forma habitual. Una tendencia que está empujando a diversas naciones de la UE a abandonar la tibieza administrativa para abrazar el rigor del código penal y llevar por esta vía a aquellos responsables de pisar el acelerador más de la cuenta.

Ante este panorama, Francia ha decidido dar un golpe de autoridad sobre el asfalto. Lo que hasta hace unos días se resolvía con una sanción administrativa y una pérdida de puntos, a día de hoy ya ha cruzado la frontera del código penal. Tras su reciente publicación hace unos días en el Diario Oficial (como el BOE en España), el país vecino ha endurecido de forma drástica estas infracciones: circular a más de 50 km/h por encima del límite permitido ya no es solo una imprudencia; es un delito.

Un cambio de paradigma jurídico

Esta nueva disposición legal marca un antes y un después para residentes y turistas que transitan por las carreteras galas. Hasta la fecha, alcanzar tales velocidades conllevaba una multa de 1.500 euros y la pérdida de seis puntos, reservando la vía penal únicamente para los reincidentes. Sin embargo, el nuevo marco normativo elimina esa distinción.

Desde este pasado lunes, cualquier conductor detectado con un exceso de velocidad superior a los 50 km/h se enfrenta a penas de hasta tres meses de cárcel. Pero la severidad no termina ahí. La sanción económica se dispara hasta los 3.750 euros y, quizás lo más preocupante para muchos, la infracción dejará una mancha imborrable: una anotación en el registro de antecedentes penales.

Las cifras que forzaron la mano del Elíseo

La decisión del Gobierno francés no es arbitraria; responde a una estadística alarmante que la Delegación Interministerial para la Seguridad Vial no ha querido pasar por alto. Durante 2024, se registraron 63.217 excesos de velocidad de este calibre, lo que supone un incremento del 69% en comparación con 2017.

“El mecanismo sancionador anterior no estaba adaptado a la gravedad de los hechos ni a su recrudescencia”, han señalado fuentes de la Delegación Interministerial para la Seguridad Vial.

Con 3.190 fallecidos en las carreteras francesas durante el último año, la velocidad excesiva se mantiene como la segunda causa de mortalidad vial. El objetivo es claro: disuadir mediante el rigor penal a quienes confunden la vía pública con un circuito de carreras. De hecho, un antecedente penal en Francia puede limitar el acceso a ciertos empleos y complicar la vida civil, un precio muy alto por unos segundos de adrenalina al volante.

Menor velocidad significa mayor seguridad

En España, la frontera entre una infracción administrativa y un delito penal está claramente delimitada por el Código Penal en su artículo 379.1. Mientras que los excesos moderados se resuelven con multas que oscilan entre los 100 y los 600 euros y la pérdida de hasta seis puntos, la ley se vuelve implacable cuando la aguja del velocímetro desafía la seguridad colectiva.

Se considera delito contra la seguridad vial cuando un conductor supera el límite permitido en 60 km/h en vías urbanas (por ejemplo, ir a 111 km/h en una calle de 50) o en 80 km/h en vías interurbanas (como circular a más de 200 km/h en autopista). En estos supuestos, el infractor no solo se enfrenta a la retirada del carné por un periodo de uno a cuatro años, sino que se expone a penas de prisión de tres a seis meses, multas económicas diarias o trabajos en beneficio de la comunidad, generando inevitablemente antecedentes penales.

En definitiva, de esta manera, Francia también envía un mensaje contundente: la tolerancia cero es la única vía para frenar estas infracciones. Al elevar el exceso de velocidad a la categoría de delito desde la primera vulneración, el Estado busca no solo castigar, sino generar una profunda reflexión en el conductor antes de pisar el acelerador. A partir de ahora, un exceso de velocidad en territorio francés puede terminar no solo con una billetera vacía, sino con una celda y un futuro legal comprometido.