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Una operación contra el fraude en carretera ha puesto en alerta a miles de conductores europeos tras la incautación de decenas de coches de alta gama en una intervención que ha destapado mucho más que simples irregularidades administrativas.
El despliegue, apoyado en tecnología avanzada y análisis masivo de datos, ha dejado al descubierto una práctica extendida que también afecta a España y que puede acabar en multas elevadas, inmovilizaciones e incluso problemas legales.
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Lo que en un principio parecía un control rutinario terminó convirtiéndose en una investigación a gran escala. Las autoridades lograron identificar 229 vehículos con matrícula extranjera cuyo valor superaba los 10 millones de euros.
Muchos de estos coches pertenecían al segmento premium, pero el foco no estaba en su precio, sino en su uso. Todos tenían algo en común: circulaban de forma habitual en un país distinto al de su matriculación, incumpliendo los plazos legales establecidos.
El uso combinado de sistemas de lectura automática de matrículas y herramientas de inteligencia artificial permitió reconstruir los movimientos de estos vehículos con precisión, detectando patrones que habrían pasado desapercibidos en controles tradicionales.
El ahorro fiscal que puede salir muy caro
Detrás de esta práctica hay un motivo claro, reducir costes. En algunos países europeos, los impuestos asociados a la compra y uso de un coche son especialmente elevados, lo que lleva a algunos conductores a matricularlos en otros estados.
El problema surge cuando ese vehículo se utiliza de forma permanente fuera del país en el que está registrado, algo que vulnera la normativa comunitaria. En muchos casos, además, los coches eran conducidos por residentes locales, lo que agrava la infracción.
Este tipo de estrategias, que durante años han funcionado en una especie de zona gris, están cada vez más en el punto de mira gracias al avance de los sistemas de control automatizados.
Normativa en España
Aunque la operación se ha desarrollado fuera de España, la legislación nacional sigue criterios muy similares. Un vehículo con matrícula extranjera puede circular en España hasta seis meses dentro de un periodo de doce meses si su propietario no reside en el país.
Sin embargo, cuando el titular establece su residencia, el margen se reduce de forma drástica. En ese momento, existe un plazo de 30 días para iniciar la matriculación española, un trámite obligatorio para seguir circulando legalmente.
El incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones que superan los 500 euros, además de la posible inmovilización del vehículo. En determinadas circunstancias, también pueden aparecer complicaciones legales adicionales si se produce un accidente.
¿Cómo matricular tu coche en España?
Regularizar un coche procedente de otro país de la Unión Europea no es un simple trámite administrativo. El proceso comienza con la acreditación de la titularidad, que debe justificarse mediante contrato de compraventa o factura, dependiendo del tipo de adquisición.
A partir de ahí, es imprescindible contar con la documentación original del vehículo, incluido el permiso de circulación extranjero y el certificado de conformidad europeo, conocido como CoC. Este documento acredita que el coche cumple con las normativas comunitarias.
El siguiente paso obliga a pasar por una estación de ITV en España. Allí se realiza una inspección completa para obtener la ficha técnica española, un requisito indispensable para continuar con el proceso. Sin este documento, no es posible avanzar en la matriculación.
En paralelo, el propietario debe hacer frente a varios impuestos. Entre ellos destaca el impuesto de matriculación, cuyo importe depende directamente de las emisiones de CO₂ del vehículo, y el impuesto de circulación, que se abona en el ayuntamiento correspondiente.
Solo cuando todos estos pasos se completan correctamente se puede solicitar la matrícula definitiva en la Jefatura de Tráfico. Este trámite conlleva una tasa administrativa y da lugar a la asignación de una nueva placa española.
Mientras tanto, existe la posibilidad de circular con placas temporales verdes, pensadas para cubrir el periodo de transición. Su validez es limitada, normalmente de dos meses, aunque puede prorrogarse en determinados casos. Este punto, a menudo ignorado, es uno de los errores más habituales entre los conductores.
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