Francia privatiza los radares de velocidad con conductores particulares

El Gobierno de Emmanuel Macron ya lo ha confirmado: los radares móviles de control de velocidad en Francia serán privatizados. Tras un periodo de pruebas iniciado el pasado mes de febrero en la región de Normandía, la medida será oficialmente puesta en práctica el próximo noviembre.

Mediante este nuevo procedimiento de denuncia, los radares móviles serán operados de forma autónoma por las autoridades desde vehículos camuflados, pero que en lugar de ser controlados por una pareja de gendarmes serán confiados a conductores particulares debidamente remunerados.

Por el momento, serán 26 las unidades que se confiarán a estos conductores, pero el sistema de privatización se irá extendiendo por todo el país hasta alcanzar los 400 vehículos camuflados.

Rápidamente se han elevado las críticas de los usuarios y asociaciones automovilistas, apuntando al afán recaudatorio de la medida. Según un estudio realizado por la revista especializada ‘Auto Plus’, de los dos millones de denuncias por exceso de velocidad registradas durante 2016 en Francia, con la nueva flota privatizada de vehículos camuflados se alcanzarían los ocho millones por año. Un incremento que reportaría a las arcas públicas unos ingresos por encima de los 357 millones de euros.

La presión sobre los automovilistas franceses se multiplicará por cuatro.

Tan espectaculares resultados se explican por el hecho de que los radares móviles operados por policías patrullan en Francia durante una media diaria de 1 hora y 13 minutos. Por el contrario, con el nuevo sistema de conductores civiles, este tiempo podría multiplicarse por tres o cuatro alcanzando hasta seis horas el tiempo de patrulla efectiva.

En el mismo estudio, ‘Auto Plus’ ha calculado que la inversión necesaria del gobierno va a cifrarse en unos 53 millones de euros, destinados a la adquisición de vehículos, equipación de los radares, gestión de las denuncias y remuneración de los conductores privados. Pero frente a los beneficios estimados tras la aplicación de este sistema, la rentabilidad del gasto público alcanzaría el 85%, un resultado de negocio inalcanzable incluso para las grandes tecnológicas como Apple o Facebook, que en el mejor de los casos alcanzan un 34 % de rentabilidad en sus cuentas.

Ante las críticas que apuntan a un trasfondo económico del nuevo sistema, la delegación interministerial de la seguridad vial se defiende con cifras. En 2016 fallecieron a causa de accidentes sobre las carreteras francesas 3.469 personas y la tendencia de la mortalidad vial ha sido creciente en los últimos tres años, algo que no ocurría desde 1972. Respecto al sistema de privatización, las autoridades alegan una evidente mejora en la vigilancia de las carreteras, por extensión de las vías controladas y por tiempo ya que los nuevos radares móviles circularán ininterrumpidamente tanto de día como de noche.