Cada vez es más habitual encontrar en redes sociales vídeos de conductores presumiendo de velocidad, derrapes o maniobras temerarias en carreteras abiertas al tráfico. Lo que muchos de sus protagonistas no tienen en cuenta es que esas mismas grabaciones pueden convertirse en la prueba que termine sentándolos ante un juez.
Detrás de estas investigaciones se encuentra el GIAT (Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico), una unidad especializada de la Agrupación de Tráfico que rastrea redes sociales en busca de posibles delitos contra la seguridad vial.
Más información
Presumir al volante puede acabar en los tribunales
Los excesos de velocidad son uno de los contenidos más frecuentes que llegan a las pantallas de los investigadores. También aparecen adelantamientos temerarios, carreras ilegales, derrapes, zigzags entre coches o maniobras realizadas en presencia de peatones.
Según explica la Guardia Civil, muchos de estos conductores publican los vídeos convencidos de que nadie podrá identificarlos o simplemente sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, la realidad suele ser muy diferente. En un elevado número de casos, los agentes consiguen determinar quién estaba al volante y trasladar las diligencias a la autoridad judicial.
Unidad especializada
A primera vista puede parecer imposible controlar la enorme cantidad de vídeos que se publican cada día. Sin embargo, el GIAT cuenta con especialistas repartidos por toda España y con herramientas tecnológicas diseñadas para localizar este tipo de contenidos.
Entre ellas destaca LINCE, una plataforma utilizada por la Guardia Civil para gestionar información y realizar búsquedas mediante filtros y palabras clave. Gracias a estos sistemas, los investigadores pueden localizar publicaciones relacionadas con posibles delitos contra la seguridad vial y analizarlas en detalle.
Pero las redes sociales no son su única fuente de información. La colaboración ciudadana desempeña un papel fundamental. Muchos ciudadanos envían vídeos, fotografías o enlaces cuando detectan conductas potencialmente peligrosas, ya hayan sido publicadas en internet o grabadas directamente por ellos.
Análisis de los detalles y cámaras
Una vez localizado el vídeo comienza el verdadero trabajo. Los investigadores deben confirmar en primer lugar que las imágenes muestran una conducta que podría constituir una infracción grave o un delito. Después llega una de las fases más complejas: identificar tanto al conductor como el lugar exacto donde ocurrieron los hechos.
Para ello los agentes analizan las grabaciones con enorme precisión: señales de tráfico, elementos del paisaje, edificios, puntos kilométricos o características concretas del vehículo.
Si es necesario, las imágenes se examinan prácticamente fotograma a fotograma. Un pequeño detalle visible durante unos segundos puede ser suficiente para determinar la carretera utilizada o incluso la matrícula del vehículo.
Cuando los investigadores consiguen aproximar una ubicación, pueden recurrir a otros medios para reforzar la identificación. Las cámaras de lectura de matrículas instaladas en determinadas carreteras permiten verificar qué vehículos circularon por una zona concreta durante una franja horaria determinada, aumentado las posibilidades de identificar al conductor.
No todo acaba en una multa
Cuando los agentes consideran que las imágenes muestran un posible delito contra la seguridad vial, el procedimiento cambia completamente. El GIAT inicia diligencias, recopila pruebas, documenta los hechos y remite el correspondiente atestado a la autoridad judicial.
A partir de ese momento, la persona investigada tiene derecho a asistencia letrada y será un juez quien determine las posibles responsabilidades penales. En otras ocasiones, si la conducta observada no alcanza la consideración de delito pero sí constituye una infracción administrativa, la información se traslada a la autoridad competente para iniciar el correspondiente expediente sancionador.
Cadena de custodia y colaboración ciudadana
Un aspecto fundamental de estas investigaciones es garantizar que los vídeos no han sido manipulados. Por ello, cada archivo descargado de internet incorpora una cadena de custodia digital que acredita su autenticidad durante todo el procedimiento. De esta forma, la grabación puede utilizarse posteriormente como prueba ante los tribunales con las debidas garantías.
La Guardia Civil recuerda que cualquier persona puede informar sobre comportamientos potencialmente delictivos relacionados con la seguridad vial a través del correo electrónico colabora@guardiacivil.org. Además, la información facilitada se trata de forma confidencial y no implica que el nombre del informante aparezca posteriormente en el procedimiento judicial.
Sigue toda la información de EL MOTOR desde Facebook, Twitter o Instagram
Historiador de formación, periodista deportivo de vocación y apasionado del motor por elección. Terminé contando carreras en vez de guerras. Entre libros, crónicas y gasolina he ido encontrando el camino. Ahora intento comunicarlo sin levantar el pie del acelerador.
