“Da positivo en cocaína, se salta un ceda el paso, atropella a una persona y… ¡no pasa nada!”

“Un conductor da positivo en cocaína, se salta un ceda el paso, atropella a una persona dejándola inválida de por vida y… ¡no pasa nada!”. La asociación de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) denuncia con estas palabras la “desprotección” habitual de las víctimas de siniestros de tráfico que han sido “causados por conductores drogados”. Ocurre así, según expone la organización, cuando jueces y tribunales, con apoyo de la fiscalía, archivan casos como ese citado y consideran que no merecen siquiera un “reproche penal”.

Este desamparo que denuncia AEA lo causa la pura literalidad de la ley. El Código Penal tipifica como delito contra la seguridad vial conducir “bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas”, pero no castiga como tal su simple presencia, fácilmente detectable en un control de saliva.

Como consecuencia, “la dificultad probatoria” de la influencia en la conducción hace que la conducta de esos automovilistas “quede impune”. La única salida de las víctimas es recurrir “a complejos y costosos procedimientos judiciales civiles”. No siempre pueden hacerlo.

AEA pone como ejemplo a un motorista que circulaba correctamente por el barrio de Canillejas de Madrid, arrollado por el conductor de una furgoneta que se saltó un ceda el paso. Dio positivo en cocaína tras el siniestro. La víctima sufrió graves lesiones que lo dejaron en una silla de ruedas y supusieron la declaración de “incapacidad permanente total para continuar ejerciendo su profesión de conductor de camiones”.

Caso archivado

Tanto el Juzgado de Instrucción nº 33 de Madrid como la Audiencia Provincial archivaron el caso al considerar que la causa del accidente no fue una imprudencia grave del conductor, sino la existencia de un socavón en la vía.

Así lo reflejó el auto dictado por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 17 de abril: en la conducta del automovilista no se puede apreciar una imprudencia grave, sino “a todo lo más” una menos grave y “destipificada penalmente”.

Después de leer estas líneas, al presidente de AEA, Mario Arnaldo, le resulta “sorprendente que un conductor drogado no tenga ningún reproche penal”, ni siquiera se compruebe “si tiene alguna adicción” o se le retire temporalmente el carnet de conducir para “impedir que siga conduciendo poniendo en riesgo la seguridad vial”.

Arnaldo muestra su extrañeza por la actuación de la fiscalía en este caso, que ha pasado (“en menos de un mes”) de pedir que se practiquen pruebas para acreditar la influencia del consumo de cocaína a apoyar el archivo del caso. Esto ha obligado a la víctima “a tener que iniciar un complejo y costoso procedimiento judicial para reclamar la reparación de las graves lesiones ocasionadas”.

Récord de consumo

Durante 2024, la Dirección General de Tráfico incoó 57.580 expedientes sancionadores a personas que iban al volante después de haber consumido alguna sustancia, la cifra más alta de la historia. Sin embargo, por la dificultad probatoria para acreditar la influencia de dicho consumo en la conducción, “sólo una ínfima parte de esos casos terminaron juzgándose en la jurisdicción penal”, subraya AEA.

Por ese motivo, esta organización tiene previsto denunciar ante el Ministro de Justicia y la Fiscalía Especial de Seguridad Vial la “desprotección de las víctimas de accidentes de tráfico” causados por automovilistas que circulan bajo la influencia de ciertas sustancias.

Este asunto se trató ampliamente en un seminario organizado la semana pasada por la Fundación Mapfre, en el que se hizo hincapié en la necesidad de incrementar la vigilancia y enfocar el problema de forma global. 

El fiscal adscrito de Seguridad Vial, Álvaro Valverde, hizo notar la dificultad de demostrar la “influencia” de las drogas en la conducción, lo que complica notablemente obtener una condena. De los más de 47.000 positivos detectados en controles preventivos en 2024, solo 82 acabaron en diligencias penales.

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