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La Guardia Civil ha detenido a un agente de la Policía Local de Mogán (Gran Canaria) acusado de apropiarse durante años de dinero procedente de multas de tráfico impuestas principalmente a turistas extranjeros. Al funcionario se le imputan presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa.
Según informó este miércoles la Comandancia de Las Palmas, la investigación se inició en junio de 2025, cuando el Ayuntamiento de Mogán detectó una serie de expedientes sancionadores que habían sido anulados sin justificación legal. Aquellas irregularidades levantaron las primeras sospechas sobre el comportamiento del agente, que presuntamente interrumpía de manera deliberada la tramitación administrativa de las sanciones que él mismo imponía.
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Orange lanza una baliza V-16 conectada con la DGT con uno de los precios más llamativos del mercado Las pesquisas posteriores permitieron reconstruir su modus operandi. El policía iniciaba procedimientos sancionadores por infracciones de tráfico observadas durante su jornada laboral y exigía a los conductores el pago inmediato y en efectivo de las multas. Sin embargo, ese dinero nunca llegaba a las arcas municipales, según sostiene la Guardia Civil.
Turistas en coches de alquiler
En colaboración con el propio Ayuntamiento y la Jefatura de Policía Local, los investigadores llevaron a cabo un análisis exhaustivo de los expedientes anulados. Este estudio reveló que la mayoría de los afectados eran turistas que circulaban en vehículos de alquiler, un perfil que, según los investigadores, facilitaba la maniobra del agente al dificultar posteriores reclamaciones.
La Guardia Civil sospecha que las prácticas se prolongaron durante al menos cinco años. En ese periodo, el policía habría recaudado ilegalmente unos 135.000 euros correspondientes a más de un millar de sanciones. Parte de la investigación se centró en localizar a turistas que habían sido multados por el agente, quienes confirmaron que les exigió el pago en efectivo sin ofrecer alternativa para el abono por vía administrativa.
Durante varios meses, los agentes encargados del caso mantuvieron vigilancias sobre la actividad del sospechoso. En ellas comprobaron que se situaba de forma estratégica en zonas de alta afluencia turística de Puerto Rico, un núcleo costero del municipio.
El detenido ha sido puesto a disposición judicial. Tras prestar declaración, el juez ha decretado su puesta en libertad mientras continúa la instrucción de la causa.
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