Varias asociaciones de víctimas y de abogados de víctimas de accidentes de tráfico han vuelto a reclamar la aprobación de los cambios previstos en la ley del seguro de automóviles, paralizados desde junio en la Comisión de Economía y Comercio del Congreso y que servirán, entre otras novedades, para incrementar las compensaciones económicas de los siniestrados.
A falta de la votación parlamentaria que la ponga en marcha, esta reforma “mejora la cobertura, indemnizaciones y seguridad de las víctimas de accidentes”, según las palabras utilizadas por el propio Ministerio de Economía cuando se aprobó el proyecto de ley.
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La reforma empezó a gestarse en 2020 con la actualización del baremo de indemnizaciones, consensuado por las asociaciones de víctimas y la patronal aseguradora UNESPA. Estos cambios incluyen “correcciones y mejoras vitales” para los afectados, en particular para las “grandes víctimas de accidentes de tráfico”, resumen las asociaciones en una nota.
Ley del seguro de automóviles
Sin embargo, pese a su tramitación en régimen de urgencia, “el plazo de enmiendas se ha prorrogado repetidamente desde junio”. Las organizaciones ANAVA-RC, ADEVI, y ADAVIAC denuncian esta demora, entre otras razones, porque España debía transponer la directiva europea 2021/2118 del seguro del automóvil antes del 23 de diciembre de 2023. La Comisión Europea emitió un ultimátum a España el pasado 14 de noviembre advirtiendo de posibles sanciones económicas.
“Llama la atención que nuestro legislativo ignore a un colectivo tan vulnerable y socialmente tan necesitado, sobre todo teniendo en cuenta la alarma social creada actualmente por otras víctimas, como son las de la dana, dando la sensación de que el Estado reacciona cuando ya es tarde”, se queja Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.
Las tres asociaciones consideran “intolerable” que el Congreso mantenga bloqueada una legislación socialmente consensuada y que serviría para alinear a España “con los estándares europeos de protección a las víctimas”, dicen en una nota conjunta, y subrayan que esta defensa “debe ser un pilar esencial del Estado”.
“Es incomprensible que el Estado prefiera arriesgarse a pagar millones en sanciones antes que aprobar una ley que beneficia a miles de grandes víctimas y nos acerca más que nunca a Europa”, sostiene Xavier Coca, presidente de ADAVIAC. “Los diputados tienen todo el trabajo hecho, solo deben votarlo. Les pedimos que recuerden las bases de nuestro Estado social y de derecho y prioricen el bienestar de las víctimas”, añade.
El presidente de ADEVI, Alberto Salas, recuerda que se trata de una reforma “técnica, social y urgente, necesaria para las víctimas de tráfico y todas aquellas protegidas por esta normativa de forma análoga”, como las víctimas de fenómenos naturales o accidentes laborales.
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