La velocidad sigue teniendo un elevado coste para los conductores españoles. Los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) alcanzaron durante el pasado año una recaudación récord de 246,8 millones de euros, un 14% más que en el ejercicio anterior, según un estudio elaborado por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
De acuerdo con el informe, este incremento de los ingresos no responde necesariamente a una “mayor indisciplina al volante”, sino a la puesta en funcionamiento de nuevos dispositivos de control “en puntos estratégicos de la red viaria”.
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A juicio de AEA, “la maquinaria sancionadora es tan precisa que el dinero obtenido por velocidad ya supone el 41,5% del total de los ingresos generados por multas de tráfico en el país (sin contar con las impuestas en el País Vasco y Cataluña)”.
Si se mira desde otro prisma, el coste de superar los límites reglamentarios resulta aún más elevado. La velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros graves de tráfico: en 2024, estuvo presente en uno de cada cuatro accidentes mortales en carretera, según datos de la DGT.
Nuevos radares en España
A principios de 2025, Tráfico anunció el despliegue de 122 nuevos dispositivos de control de velocidad, tanto fijos como de tramo, en vías rápidas y en carreteras secundarias (que concentran tres de cada cuatro fallecimientos en siniestros viales).
A pesar de ese mayor número de radares, uno de los aspectos que subraya el informe de AEA es la concentración de infracciones en un número muy reducido de cinemómetros. Aunque la DGT dispone de más de un millar de dispositivos en las carreteras españolas (salvo en las del País Vasco y Cataluña, con las competencias de tráfico transferidas), solo 50 de ellos acumularon 1.342.285 denuncias durante 2025.
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La distribución territorial también refleja importantes diferencias entre provincias. Valencia encabeza la clasificación por recaudación, con b seguida de Madrid, con 17,9 millones, y Cádiz, con 16,5 millones. En el extremo opuesto se sitúan Ourense, con 1,3 millones, Cáceres, con 1,6 millones, y Salamanca, con 1,8 millones de euros.
El radar más activo del país se encuentra en la provincia de Valencia. Situado en el kilómetro 326 de la autovía A-7, a la altura de La Canyada, detectó 90.766 infracciones de velocidad, la cifra más elevada registrada por un único dispositivo.
Automovilistas Europeos Asociados llama la atención sobre los “radares cazadores que no dejan de sumar miles de denuncias”, como el del kilómetro 127 de la A-15 en Navarra y el del kilómetro 968 de la A-7 en Málaga, “consolidando un modelo que genera tantas dudas entre los conductores como ingresos en las arcas públicas”.
Un radar en un tramo peligroso
También en la Comunidad Valenciana destaca el radar ubicado en el kilómetro 7 de la CV-905, en la provincia de Alicante, que captó 72.557 excesos de velocidad. El dispositivo empezó a funcionar en 2025 tras un informe de la Subdirección de Movilidad de la DGT sobre tramos de alta siniestralidad causada por la velocidad excesiva; uno de ellos era el comprendido entre los kilómetros 6,5 y 8,5 de la CV-905, con 47 siniestros con víctimas en los cinco años anteriores.
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Aun así, AEA cuestiona la actual política de control de velocidad de la DGT y pone el foco en que gran parte de las denuncias se producen en autopistas y autovías, al tiempo que el 70% de los accidentes con víctimas tiene lugar en carreteras secundarias.
“La DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación”, sostiene el presidente de AEA, Mario Arnaldo.
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Periodista especializado en seguridad vial. Editor y redactor de El Motor desde 2016. Empezó a escribir de fútbol en 1998 en Diario 16 y ha trabajado en varios proyectos de Prisa Media desde 2000. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, es autor de ‘Aquí no se rinde ni Dios’ (2020).
