El 14 de marzo de 2020 el Gobierno declaraba el primer estado de alarma provocado por la pandemia de la Covid-19 que fue sucesivamente prorrogado en seis ocasiones, hasta el 21 de junio del mismo año. Durante ese tiempo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado impusieron 1.142.127 denuncias, la mayoría por infringir la limitación de movilidad. Y de todas ellas ya se habrían tramitado la mitad, de las que solo se han cobrado el 20%.
Más información
Pero el proceso se ha paralizado desde que, el pasado 14 de mayo, una polémica sentencia del Tribunal Constitucional prendió la mecha a una complicada situación que dejaría sin efecto en su mayoría las multas impuestas por ese motivo. El pleno del Alto Tribunal fallaba en ajustada votación, de seis magistrados a favor y cinco, en contra que, en esa situación, “los intereses generales no pueden prevalecer sobre los derechos fundamentales”.
La sentencia del TC ha obligado a las administraciones a tomar drásticas decisiones al respecto ante el gran problema jurídico que se avecinaba al asumir tantas reclamaciones en los juzgados. El propio Ayuntamiento de Madrid ha decidido en el Pleno Municipal suspender de oficio la tramitación de todas las multas impuestas durante el confinamiento. Son alrededor de 39.000 pero el consistorio no anulará las sanciones que ya estén pagadas (5.700), aunque éstas últimas podrán ser reclamadas por el afectado mediante la interposición de un recurso si todavía están en el plazo de hacerlo.
Aunque no todas
Las consecuencias de la sentencia no se han hecho esperar y un juzgado de Madrid anuló, un día después de publicarse el fallo del TC, la multa de 601 euros impuesta a una joven menor de edad que se había saltado el confinamiento en los primeros días del estado de alarma. Se abre así la puerta en todo el país a un aluvión de reclamaciones en las que cada caso tendrá que ser revisado según las circunstancias del expediente.
Y es que los importes de las multas por este tipo de infracción también son muy variables, de 300 a 300.000 euros, aunque la mayoría de las impuestas durante el primer estado de alarma fueron de unos 700 euros. Además, la sentencia del TC no es aplicable a todas las sanciones pues, si llevan aparejadas otras denuncias por desacato o agresión a la autoridad, no serán anuladas.
Con su resolución, el TC admite en parte el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox y determina que las medidas adoptadas durante el estado de alarma son aplicables en el estado de excepción, una figura jurídica diferente a la del estado de alarma y que se establece por decreto, acordado en Consejo de Ministros previa autorización del Congreso de los Diputados y con la que sí se pueden limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libre circulación.
Sigue toda la información de EL MOTOR desde Facebook, Twitter o Instagram
Cuatro décadas informando sobre el mundo del motor y probando coches de todas las categorías. Después de trabajar en diversos medios especializados (Velocidad, Auto1, Solo Auto, Motor 16, Car and Driver, EcoMotor...), ahora en Prisa Media para seguir cubriendo la actualidad en plena revolución tecnológica del automóvil.