La Guardia Civil ha puesto fin a la ‘Operación Frenómetros’, que comenzó el año pasado al iniciar las pesquisas por unas posibles prácticas fraudulentas en una estación de ITV de la Región de Murcia. Los agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil se hicieron cargo de las investigaciones, que han finalizado con la detención de 17 empleados.
Durante el registro de la estación de la ITV, los guardias civiles se han incautado de cuatro dispositivos de almacenamiento informático correspondientes a cada una de las líneas de inspección. Además, han aprehendido el servidor informático de la estación, abundante documentación y un vehículo que se usaba como comodín.
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Prácticas delictivas
Tras las primeras investigaciones, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Dirección General de Energía, Actividad Industrial y Minería de Murcia. Tanto este organismo como la Guardia Civil comenzaron una colaboración para esclarecer lo ocurrido.
Unos días antes de llevar a cabo el registro policial, desde la estación se procedió al borrado de forma masiva de todos sus archivos informáticos, más de 60.000, y de los ficheros modificados, algo más de 1.700, que contenían las pruebas del delito. El departamento de delitos informáticos del instituto armado, empleando técnicas forenses, ha conseguido recuperar toda la información.
La documentación recoge un elevado número de vehículos que pasaron dos inspecciones técnicas el mismo día, la primera con resultado desfavorable y la segunda favorable, tiempo claramente insuficiente para subsanar los defectos.
Para este menester entraba en juego el vehículo empleado como ‘comodín‘, en sustitución de aquellos que carecían las condiciones necesarias para resultar favorables en las correspondientes pruebas de frenado y de gases.
ITV obligatoria
Pasar la ITV es un trámite vinculante para cualquier vehículo. Desde su implantación obligatoria en 1987 se ha querido garantizar que todos los vehículos cuentan con las condiciones técnicas exigibles para permitir su circulación y que no ponen en peligro la seguridad vial.
También hay que subrayar que se trata de una obligación legal y que las multas por incumplimiento van desde los 200 euros (ITV caducada o desfavorable) hasta los 500 euros (negativa). También podría implicar la inmovilización y retirada del vehículo. Igualmente, en caso de siniestro, se pierde la cobertura del seguro del vehículo.
A los detenidos, puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de San Javier (Murcia), se les atribuyen más de 1.000 delitos de falsedad documental y 1.800 delitos de daños informáticos, y se les acusa de pertenencia a organización criminal.
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