¿Se acabó la obligación de llevar la etiqueta de la DGT en el coche?

Aunque de modo indirecto, las zonas de bajas emisiones (ZBE) han recibido el primer revés judicial de 2023. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha declarado nula la ordenanza de movilidad de Gijón tras una demanda del grupo municipal de Foro Asturias. En la sentencia, el tribunal justifica la decisión por la ausencia de memoria económica del texto. Esta norma es la que da soporte legal a las futuras ZBE de la ciudad.

La decisión judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, recalca sobre la ordenanza que, entre sus motivaciones, “no se aportan datos específicos sobre el estado actual del aire, y perspectivas de futuro, criterios de comparación, influencias económicas concretas y su traducción en orden al equilibrio de ingresos y gastos”.

Tamaño de las zonas de bajas emisiones

La ley de cambio climático obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas remisiones de las que queden fuera los vehículos más contaminantes.

El decreto que desarrolla esta obligación legal indica que tanto el tamaño de las ZBE como la población expuesta “deben ser significativos y suficientes” para mejorar “la calidad del aire” e impulsar “modos de transporte más sostenibles”. La norma señala que “se priorizará el acceso de los vehículos 0 emisiones”.

La ordenanza de movilidad de Gijón crea el marco legal para el desarrollo de las zonas de bajas emisiones, todavía sin activar en la ciudad asturiana. Y establece que los vehículos sin distintivo ambiental tendrán prohibido circular “en todo el territorio del Concejo de Gijón/Xixón” a partir del 1 de enero de 2026.

Además, obliga a que los vehículos con derecho a ella exhiban en el parabrisas la etiqueta de la Dirección General de Tráfico.

Los responsables técnicos de la demanda, la entidad de defensa de los conductores Dvuelta, auguran que en los próximos meses habrá un “aluvión de demandas” judiciales contra medidas similares en otros municipios de España.

Como Madrid Central

El TSJA se hace eco de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el caso de Madrid Central, ya que existen “claros paralelismos” entre las dos ordenanzas municipales, recurridas ambas por Dvuelta.

En ninguno de los dos casos, los informes aportados por los respectivos ayuntamientos “alcanza la categoría de informe económico justificativo de la aprobación de una ordenanza tan relevante desde el punto de vista económico”, asegura el tribunal.

A pesar de la sentencia, según publica La Nueva España, el Ayuntamiento de Gijón sigue adelante con la zona de bajas emisiones de La Calzada, en el distrito Oeste de la ciudad.