Europa endurece la legislación sobre baterías 

Aunque por ahora es todavía provisional, el Consejo y el Parlamento europeos ya han establecido un principio legislativo para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad. La implantación de la movilidad eléctrica es ya un hecho y no tiene marcha atrásl, pero las baterías, que se han convertido en el actor principal de esta transformación, plantean en su desarrollo nuevos e importantes retos medioambientales. 

Desde la extracción de las materias primas necesarias para su fabricación hasta la fase de reciclado al final de su vida útil, las baterías generan una serie de contaminantes que no pueden obviarse. Por ello, la trazabilidad desde su origen industrial requiere una legislación específica que ahora ha empezado a gestarse en Bruselas. 

La idea es realizar un seguimiento documentado de las baterías, similar al que existe sobre la eficiencia energética de los edificios, los electrodomésticos o los propios automóviles, clasificándolos mediante etiquetas medioambientales. Y en este caso, se pondrá en marcha el ya anunciado “pasaporte” que identificará a cada batería desde la fabricación hasta su reciclado, incluyendo asimismo toda la cadena de producción desde la misma obtención de los materiales que la componen. 

Todas las pilas serán controladas por la nueva ley

La nueva ley no se circunscribe solo a las baterías de los automóviles híbridos y eléctricos. Todas las demás también estarán incluidas en esta reglamentación, desde las pilas de los smartphones hasta los grandes acumuladores industriales, pasando por las baterías de bicicletas con pedaleo asistido, motos  eléctricas y también las baterías convencionales que llevan todos los vehículos para el arranque o la iluminación. 

La entrada en vigor de esta normativa ya tiene fecha. A partir de 2027, todas las baterías que se comercialicen en la UE deberán disponer de un certificado que refleje su huella de carbono y las que no lo lleven o rebasen los límites establecidos tendrán prohibida su venta. 

No obstante, en cuanto se apruebe la ley, estas normas de seguimiento medioambiental de las baterías ya podrán empezar a aplicarse desde 2024 y los fabricantes ya tendrán que declarar las cantidades de dióxido de carbono (CO2) generadas durante la producción de sus productos y tendrán que comenzar a etiquetarlos a partir de 2026. 

Exigencias sobre materiales reciclados

Pero el CO2 no será el único elemento contaminante que será controlado por la nueva normativa. Para favorecer el desarrollo de la economía circular, los fabricantes de baterías deberán también demostrar el empleo de un porcentaje de materiales obtenidos por reciclaje.  

Y ya hay cifras al respecto porque, a partir de 2031, la UE exigirá que en la composición de las nuevas baterías el 6% del litio y el níquel sean de origen reciclado y, en el caso del cobalto y el plomo, la cifra será incluso mayor: 16% y 85% respectivamente. Además, la Comisión europea piensa evaluar la supresión paulatina de las pilas de uso convencional que no sean recargables a partir de 2030.  

La nueva normativa se hace necesaria por el peligro de que las baterías, un pilar fundamental de la electrificación, se conviertan con el tiempo en el nuevo y principal peligro medioambiental. De hecho, las autoridades de Yichun (China), ya conocida como la “capital del litio”, acaban de clausurar varias de sus grandes refinerías de mineral después de detectar la contaminación del cercano río Jin.

Encarecimiento de los precios 

Todos estos problemas podrían retrasar aún más la transformación energética, ya que afectan directamente al precio de las baterías, un factor clave para su democratización. Y es que en lugar de bajar como se esperaba, ha subido y en estos momentos y según datos de la consultora BNEF, su coste se sitúa en 151 dólares/kWh, un 7% más que el pasado año. 

Esta cifra sigue muy por encima de los 100 dólares/kWh, un precio que se considera el punto de inflexión necesario para igualar los coches eléctricos a los convencionales y hacerlos accesibles a la mayoría. Un objetivo que la industria del automóvil esperaba cumplir ya en 2024 y que, ante las nuevas dificultades, podría retrasarse dos años más.