El parque automovilístico español se organiza en función de las etiquetas ambientales que otorga la Dirección General de Tráfico (DGT), un sistema que clasifica los vehículos según su nivel de emisiones. Estas pegatinas no solo determinan el impacto ecológico del coche, sino que también condicionan su acceso a determinadas zonas urbanas y pueden ofrecer ventajas como descuentos en aparcamiento.
Saber qué etiqueta tiene un coche es muy sencillo. Basta con acceder a la sede electrónica de la DGT, dirigirse al apartado de ‘Vehículos’ y seleccionar la opción ‘Consulta del distintivo ambiental de tu vehículo’. Introduciendo la matrícula, el sistema indica automáticamente la etiqueta asignada.
Las cinco categorías de etiquetas de la DGT
La clasificación se divide en cinco grupos, desde los vehículos más contaminantes —que no reciben etiqueta— hasta los que generan cero emisiones:
- Sin etiqueta: Vehículos de gasolina matriculados antes de 2001 y diésel anteriores a 2006.
- Etiqueta B: Gasolina matriculados entre 2001 y 2005, y diésel entre 2006 y agosto de 2015.
- Etiqueta C: Gasolina a partir de 2006 y diésel desde septiembre de 2015.
- Etiqueta ECO: Vehículos híbridos con autonomía eléctrica inferior a 40 kilómetros, incluyendo microhíbridos, híbridos autorrecargables, híbridos enchufables y modelos que funcionan con gas (GLP o GNC).
- Etiqueta Cero: Híbridos enchufables con más de 40 kilómetros de autonomía eléctrica, eléctricos puros y eléctricos de autonomía extendida.
Por qué es relevante la etiqueta ambiental
Contar con una u otra etiqueta puede marcar la diferencia en el día a día. Algunas permiten aparcar gratis o con tarifa reducida en zonas de estacionamiento regulado (SER), mientras que otras pueden restringir el acceso a las zonas de bajas emisiones (ZBE).
Desde 2023, todos los municipios españoles con más de 50.000 habitantes están obligados por ley a implementar ZBE, lo que implica que cada vez más conductores se verán afectados por estas restricciones. Eso sí, la intensidad de las medidas depende de cada ayuntamiento, que tiene la potestad de definir los criterios de acceso.
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Adiós a las etiquetas de la DGT: esto tendrá que hacer ahora el Gobierno