Un 23% de los conductores afectados por las zonas de bajas emisiones (ZBE) ha tenido que cambiar su coche, y un 13% lo está valorando, según una encuesta realizada por la organización de consumidores OCU a raíz de la entrada en vigor de áreas restringidas a la circulación en muchas ciudades, donde solo pueden circular vehículos con etiquetas ECO o Cero.
Ante estos datos, la organización expresa sus quejas por los “extraordinarios retrasos” de un año en la tramitación de las ayudas del plan Moves III. Según la OCU, “al plazo de seis meses para la aprobación autonómica de la ayuda para coches eléctricos, hay que sumar luego el tiempo que lleva presentar la documentación requerida y el que finalmente se tarda en conceder el importe solicitado”.
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Este retraso en las ayudas, cuya cuantía puede ascender a 7.000 euros si se entrega a cambio un vehículo para achatarrar, “está desincentivando la compra de coches menos contaminantes”.
La organización de consumidores insta al Gobierno a agilizar la concesión de las ayudas, para que se otorguen en el mismo momento de la compra del vehículo, tal y como se contemplaba en el anterior Plan Pive, “más sencillo y efectivo”. Como alternativa, la entidad propone “descontar el importe de la ayuda […] del coste del IVA”.
La evolución de las ZBE
Todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes (un total de 151) deberían tener en funcionamiento una zona de bajas emisiones. Esto afecta a los 25 millones de ciudadanos que viven en ellas, pues estas áreas restringen la circulación en función de la etiqueta de la Dirección General de Tráfico (DGT) o, en algunos casos, impiden el paso a los no residentes en esa zona. La implantación, obligatoria desde 2023, va mucho más despacio de lo esperado. Así lo resume la OCU:
- Hay 28 municipios donde ya están vigentes.
- Otras localidades ya tienen aprobada la norma para implantar la ZBE, pero aún no está en vigor: lo estará en los próximos meses o el año que viene.
- La mayoría de los municipios todavía están trabajando en la tramitación o no han empezado el proceso.
Otras 400 localidades que superan los 20.000 habitantes deben diseñar protocolos anticontaminación para momentos en que se superen los límites de emisiones.
Las ZBE activas
Más de nueve millones de españoles viven en ciudades con una ZBE, y otros 16 millones tendrán cerca una de ellas a corto o medio plazo, pero a la mayoría no les atañe el asunto. La encuesta de la organización detecta que solo tres de cada 10 personas se sienten afectadas por las restricciones. Cuando se trata de municipios donde sí hay una ZBE activa, el porcentaje de afectados sube a cuatro de cada 10 (43%).
De estos, la mitad se ha visto obligada a cambiar sus hábitos de movilidad, ya sea utilizando más transporte público o modificando sus rutas. Además, casi una cuarta parte (23%) ha cambiado de coche y un 13% lo está considerando.
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