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La controversia en torno a las zonas de bajas emisiones (ZBE) de Madrid parece lejos de resolverse. La organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha presentado un requerimiento formal ante la Junta de Gobierno municipal en el que reclama la paralización inmediata de los embargos vinculados al cobro de sanciones impuestas desde enero de 2022.
AEA sostiene que dichas multas carecen de cobertura legal tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló los elementos esenciales de la normativa.
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El Ayuntamiento de Madrid no devolverá las multas de las zonas de bajas emisiones: ¿se pueden recurrir? El movimiento de la asociación constituye un paso previo a la solicitud de ejecución forzosa del fallo judicial. En su escrito, AEA denuncia que el Consistorio, presidido por José Luis Martínez-Almeida, está incurriendo en una “flagrante infracción” del principio de legalidad al mantener activos expedientes sancionadores y continuar con los procedimientos de apremio, pese a la anulación judicial de las ZBE.
El origen del conflicto se sitúa en septiembre de 2024, cuando la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM declaró la nulidad de pleno derecho de los preceptos que daban soporte a la ZBE general y a las áreas de especial protección de Distrito Centro y Plaza Elíptica. Esta decisión adquirió firmeza el pasado 21 de abril de 2026, tras la inadmisión del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo.
Multas y embargos del Ayuntamiento de Madrid
A juicio de AEA, la consecuencia jurídica de esa sentencia es clara. La organización recuerda que, conforme al artículo 72.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la nulidad de una disposición normativa tiene efectos generales y carácter retroactivo. Esto implica que no solo quedan expulsados del ordenamiento los preceptos anulados, sino también todos los actos administrativos dictados a su amparo, incluidas las sanciones.
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Pese a ello, la asociación asegura que el Ayuntamiento “sigue manteniendo vivos millones de expedientes sancionadores” y ejecutando embargos sobre las cuentas de cientos de miles de conductores.
En este sentido, el requerimiento presentado exige la adopción de una resolución general que declare la nulidad de oficio de todas las multas relacionadas con las ZBE afectadas, así como la suspensión inmediata de cualquier procedimiento de cobro, recargos o embargos asociados.
Cuántas multas pone Madrid
El alcance económico del conflicto es considerable. A partir de los datos del Portal de Transparencia municipal, AEA estima que el número de sanciones afectadas supera los 3,5 millones, con un importe cercano a los 700 millones de euros. Una cifra que, de confirmarse la interpretación de la asociación, tendría un impacto significativo tanto en las arcas municipales como en los conductores sancionados.
Este nuevo episodio se produce apenas dos meses después de la aprobación de una nueva Ordenanza de Movilidad por parte del Ayuntamiento de Madrid, con la que el equipo de gobierno buscaba dar seguridad jurídica al sistema de restricciones ambientales.
Sin embargo, el pulso legal abierto por AEA pone en cuestión la gestión de las sanciones impuestas bajo la normativa anterior y anticipa un escenario de litigiosidad creciente.
Por el momento, el Ayuntamiento no ha anunciado medidas en relación con las reclamaciones de la asociación. La hipotética respuesta municipal y la posible intervención de los tribunales marcarán los próximos pasos de un conflicto que afecta a cientos de miles de conductores.
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