La Policía Local de Palma de Mallorca está investigando a un hombre de 25 años y nacionalidad española por un delito de hurto de cosa propia, una figura penal muy inusual como los hechos que la han originado.
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Esta figura jurídica específica del Código Penal (artículo 236) ocurre cuando el dueño de un bien mueble se lo quita a quien lo tiene legítimamente (prestado, arrendado, etc.), perjudicando al poseedor, y no es un robo porque no hay violencia ni fuerza, pero sí es un delito atenuado de hurto, castigado con multa y no con penas de prisión.

Mejor robar que pagar
La historia, digna del guion de una comedia picaresca, comenzó a gestarse mucho antes de la intervención policial. El vehículo, que había sido retirado por la grúa el pasado 15 de septiembre por estar mal estacionado, permanecía desde entonces en las instalaciones del depósito municipal de Sa Riera.
Para liberar su turismo, el propietario debía abonar una tasa de 132,61 euros por la retirada y la estancia del coche. Sin embargo, el joven elaboró un plan mucho más arriesgado y costoso que el simple pago. Decidió sustraer su propio coche. Lo sacó del depósito sin pagar la cuantía, lo que automáticamente generó una denuncia por sustracción interpuesta por los responsables de las instalaciones.

El desenlace de la investigación
El 6 de diciembre, la suerte del conductor se agotó. En la mañana de ese día, una patrulla de la Policía del Distrito Este de Palma dio el alto a un vehículo que circulaba de forma errática, con un comportamiento temerario que alarmó a los agentes. Al introducir la matrícula, los funcionarios se percataron rápidamente de que sobre el coche pesaba una denuncia por haber sido robado.
La sorpresa llegó cuando el conductor, que pudo probar ser el legítimo dueño del turismo, reconoció los hechos, desvelando el insólito hurto hacia su propiedad. La maniobra, destinada a ahorrarse la tasa municipal, se ha traducido en un problema judicial de mayor envergadura. El vehículo ha sido nuevamente retirado al depósito municipal, y la Sala de Atestados de la Policía ha remitido todas las diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia. Ahora, el joven se enfrenta a las consecuencias legales de su audaz y fallido intento de picaresca.
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