‘Permisos fantasía’: la nueva forma ilegal de sacarse el carnet que convierte a los conductores en investigados

A principios de octubre, una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) dio el alto al conductor de un turismo en la calle Leocadia de Togores, en Palma de Mallorca. El vehículo circulaba sin la pegatina de la ITV, carecía del seguro obligatorio y figuraba de baja temporal.

El conductor fue interceptado por estos tres motivos, pero esa lista de infracciones iba a aumentar. Presentó, ante los agentes, dos permisos de conducir que resultaron ser “documentos de fantasía” que no tienen ninguna validez legal.

Las dos tarjetas plásticas eran un supuesto carnet de conducir de Pakistán y otro de la ‘International Drivers Association’. Los agentes detectaron, inmediatamente, graves irregularidades en ambos documentos.

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Dos carnets ‘fantasía’

La División de Policía Judicial solicitó un informe pericial de documentoscopia: el análisis concluyó que ambos documentos eran falsos. Destaca que no se trata de falsificaciones de documentos reales, sino de “documentos de fantasía”. O lo que es lo mismo: invenciones creadas por entidades no oficiales a través de internet que carecen de cualquier tipo de validez.

Eso sí, la Policía Local de Palma ha alertado sobre la proliferación de estas estafas en línea. Ha aprovechado para recodar a los ciudadanos que estos documentos no habilitan para conducir en España y su uso puede constituir un delito.

Las sanciones a las que se enfrenta el conductor

El conductor, un hombre de 33 años y de nacionalidad pakistaní, ha sido citado como investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial (por conducir sin haber obtenido nunca el permiso) y por otro de falsificación de documento oficial.

Conducir sin haber obtenido el carnet de conducir es un delito contra la seguridad vial. Se castiga con penas de prisión de tres a seis meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. La falsedad documental puede conllevar multas de entre 6.000 y 12.000 euros y penas de prisión de tres y seis meses.